(Miaminews24).- El Parlamento venezolano fue este miércoles un paso más allá en su búsqueda de responsables por la muerte del expolicía Oscar Pérez y seis integrantes de su grupo sublevado tras informar que solicitarán a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la que califican como la «masacre de El Junquito».
Sobre esta nueva decisión informó la presidenta de la comisión especial que conformó la Cámara el pasado 17 de enero, Delsa Solórzano, dos días después de que López y sus compañeros alzados fueran abatidos por las fuerzas de seguridad en un operativo calificado por la diputada como «ejecución extrajudicial» y criticado por diversas ONG.
«Hoy mismo está siendo remitido, ya en pocos minutos, la solicitud vía electrónica a la Corte Penal Internacional para que abran la investigación de oficio por el caso de la masacre de Oscar Pérez», declaró Solórzano a los medios sobre una de las conclusiones del informe final que ha estudiado el caso durante mes y medio.
El pasado 15 de enero Pérez y sus compañeros Abraham Agostini, Daniel Soto, José Díaz, Abraham Lugo, Jairo Lugo, Oscar Pérez y Lisbeth Ramírez fueron abatidos en el enfrentamiento que, según el Gobierno, mantuvieron con las fuerzas de seguridad y en el que utilizaron armamento de guerra como se ve en varios vídeos.
Solórzano indicó que enviarán al CPI «pruebas» de cómo todos ellos «resultaron asesinados (…) con tiro de gracia en la cabeza», según consta en las actas de defunción.
Sobre estas acciones, Solórzano indicó que enviarán al CPI «pruebas» de cómo todos ellos «resultaron asesinados (…) con tiro de gracia en la cabeza», según consta en las actas de defunción que días después recibieron los familiares a las puertas de la morgue de Caracas a donde fueron trasladados los cuerpos.
Afirmó también que, según los familiares, «todos» los cuerpos presentaron heridas de arma de fuego y aseguró que solo en el acta de defunción de Agostini se especificó que murió a causa de un «proyectil único».
«Los demás no dicen cuántos tiros tenían (…) no lo sabemos», sostuvo la diputada por Un Nuevo Tiempo sobre el resto de las actas de defunción.
Esta fue una de las «irregularidades» por las que el Parlamento, de mayoría opositora, inició una investigación independiente de otros organismos que considera progubernamentales y que finalmente les han llevado a hacer la solicitud ante la CPI.
Hubo una «clara y franca denegación de justicia», pues a la comisión se le negó, entre otras cosas, acudir al lugar o realizar una planimetría del operativo, indicó.
«Se violó el principio de inspección ocular (…) no se fijó fotográficamente a los cadáveres ni el lugar» en que ocurrió el suceso, en una casa en El Junquito.
La que es la presidenta de esta comisión especial denunció también que «se violó el principio de inspección ocular (…) no se fijó fotográficamente a los cadáveres ni el lugar» en que ocurrió el suceso, en una casa en El Junquito, a las afueras de Caracas.
«Se violó todo el procedimiento de manual criminalístico de custodia», defendió.
Señaló que la comisión especial estableció una «cadena de mando responsable de los hechos» desde el presidente Nicolás Maduro y que implica al Ministerio de Defensa, de Interior, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional, el Servicio de Inteligencia y a los «funcionarios actuantes» en la operación.
Aseguró que se mantienen las investigaciones por los dos funcionarios policiales que también murieron en el operativo del 15 de enero, uno de los cuales dijo que tenía doble identidad y era un «colectivo».
De esta forma se conoce en Venezuela a los integrantes de grupos chavistas organizados, algunos de los cuales están armados y han sido calificados por la oposición como paramilitares.
La presidenta de la comisión de Interior recordó que por los hechos relacionados con el 15 de enero hay 30 detenidos, entre los cuales hay dos mujeres que no tienen ninguna relación con los fallecidos.
La también presidenta de la comisión de Interior recordó que por los hechos relacionados con el 15 de enero hay 30 detenidos, entre los cuales hay dos mujeres que no tienen ninguna relación con los fallecidos.
Óscar Pérez, de 36 años y miembro de la policía científica, se dio a conocer durante las manifestaciones antigubernamentales de mediados de 2017 cuando con un helicóptero de este cuerpo de seguridad sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia contra el que disparó y lanzó granadas.
Después de esta acción que dejó algunos daños materiales y ya en la clandestinidad, en diciembre pasado, el exagente asaltó un cuartel militar del que se llevó armamento, un asalto que tampoco dejó víctimas fatales y grabó una serie de vídeos que colgó en las redes sociales en los que pedía un alzamiento popular contra el Gobierno chavista.
El Gobierno y el mismo Maduro calificaron a los insurrectos de «terroristas».
Con información de 14YM.
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