(Miaminews24).- El primer, y principal, reto al que se enfrentará el nuevo ministro -o ministra- de Economía -el presidente Rajoy aún no ha anunciado su decisión– no será la reestructuración del sector bancario, los rescates o la salvación de entidades a punto de quebrar, como le ocurrió a su antecesor, Luis de Guindos, cuando accedió al cargo en 2011. Ni siquiera tendrá que lidiar con una economía en retroceso con un paro galopante. Quien asuma la cartera económica tiene pendientes varias tareas que, en buena medida, no dependen exclusivamente de su voluntad, sino de cómo maneje la compleja aritmética parlamentaria para sacar adelante varias leyes claves para la banca y sus clientes.
Ante la heterogeneidad de posturas políticas que existe en el Congreso, las principales corporaciones financieras reclaman «una mayor certidumbre regulatoria». Fuentes de la gran banca consultadas por este diario quieren saber «a qué atenerse» de cara a los cambios legislativos que deberían ser aprobados en breve, en buena medida como consecuencia de la trasposición de normativa europea. La banca admite que el sector se encuentra ante «un momento complicado» y muestra sus dudas sobre la posibilidad de que todas esas normas salgan adelante.
La nueva Ley Hipotecaria es una de esas iniciativas que aún se tramitan en las Cortes. El decreto, cuyo contenido puede cambiar, aumenta los plazos de impago antes de ejecutar una hipoteca; reduce las comisiones de los créditos a tipo fijo; y refuerza la información previa a la firma de la escritura. El apoyo del PNV y la abstención socialista han evitado este mes que triunfe la enmienda a la totalidad de Unidos Podemos, pero la banca recela de que se puedan incluir cambios que deriven, como han advertido en ocasiones, en un incremento de los tipos y una restricción al aprobarlos.
También esta pendiente de tramitación, negociación y validación la transposición de la directiva Mifid II, incluida en un decreto urgente a dos días de que finalizara 2017 para evitar sanciones de la Unión Europea. Esta norma trata cuestiones espinosas que pueden enfrentar a los grupos con el Gobierno, sobre todo en lo relativo a la transparencia que la UE exige a la banca en los estímulos para comercializar determinados productos.
Si el nuevo titular de Economía quiere evitar más reprimendas comunitarias, también tendrá que acelerar la implantación de la Ley del Mercado de Servicios de Pago (directiva PSD2). El reto de quien ostente la cartera de Economía y Competitividad es ingente porque se trata de regular la participación de los nuevos agentes del mercado bancario (desde los Amazon hasta cualquier otro portal) que ejerzan como intermediarios entre el cliente y su banco, con el conflicto de protección de datos sobre la mesa.
Más allá de la incertidumbre jurídica derivada de la tramitación de estas normas legales, desde la banca muestran cierta aversión a la hora de planificar la puesta en marcha de los sistemas necesarios para adaptarse a esas leyes. Sin conocer de forma certera qué obligaciones tendrán, no podrían invertir -las herramientas tecnológicas serán clave en un entorno cada vez más digital-, y cuando lo hagan, podrían tenerlo que hacer a un ritmo acelerado.
El futuro de Bankia y Linde
Otra de las patatas calientes que tendrá el futuro ministro se llama Bankia. Luis de Guindos ha dejado clara su intención de privatizar por completo la entidad en la que el Estado tiene ahora -a través del FROB- un 60% del capital. Lo hará «el momento adecuado» para maximizar la recuperación de las ayudas públicas, superiores a los 22.000 millones en este caso. Fuentes cercanas al banco no esperan que el cambio de ministro afecte a esta estrategia de venta. La misma postura mantienen en el resto del sector, donde abogan por que la privatización iguale las condiciones de mercado para todas las firmas tras la intervención pública por la crisis financiera.
Las entidades también estarán pendientes de la renovación en la cúpula del Banco de España, que el ministro deberá acometer antes del 11 de junio, el día en el que se cumplen seis años marcados por una ley reformada ‘ad hoc’ para permitir que Luis María Linde completara su mandato aun rebasando la edad máxima permitida hasta 2012. La experiencia indica que es el Gobierno quien propone el nombre del gobernador, y la oposición, el del subgobernador, encarnado ahora en la figura de Javier Alonso, en transición hasta que se designe al sucesor.
El acuerdo, de nuevo, parece complicado para el nuevo ministro de Economía en una decisión que resulta fundamental. Porque el futuro gobernador del supervisor financiero permanecerá en el cargo el último tramo de la actual legislatura, y prácticamente toda la legislatura siguiente, con la negociación de la Unión Bancaria y las posibles fusiones que pongan sobre la mesa del gobernador algunas entidades.
Fuente: Finanzas.com
Miaminews24.