(Miaminews24).- El pastor y activista zimbabuense Evan Mawarire ha sabido valerse de las nuevas tecnologías y de las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram como vía de lucha pacífica. A las 20:00 horas (GMT+2) del sábado comenzaba una emisión en directo a través de Facebook para «charlar y formular soluciones» para ayudar a su país. «Algo que es muy obvio es que las cosas en Zimbabue se han vuelto muy urgentes», aseguraba al comenzar la grabación. El contenido del vídeo, cuya duración es de una hora, ha sido visualizado por más de 53.200 personas.
Las manifestaciones en Zimbabue suelen ser fuertemente contenidas por los agentes de seguridad cuando no prohibidas por el gobierno. Mawarire fue el fundador de la campaña #ThisFlag iniciada durante el verano del año pasado, que llevó a miles de personas a las calles de la capital, Harare. Su voz crítica contra el veterano presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, que vio en él un poderoso líder capaz de movilizar a las masas descontentas, hizo que entonces se viera forzado a abandonar el país y buscar refugio en Estados Unidos, donde permaneció hasta febrero.
Desde entonces no se han vuelto a convocar protestas de ese calibre por miedo a las represalias, con lo que los espacios seguros como las redes sociales son los únicos canales que se pueden utilizar para mostrar el rechazo a unas políticas que están haciendo la vida de los zimbabuenses cada vez más complicada. Varios políticos de la oposición y veteranos de guerra ya han adelantado que aunarán sus fuerzas en torno a una gran coalición que busca acabar con más de treinta años de mandato del dirigente, quien cumplirá 94 años el próximo mes de febrero.
«Sé que la policía y la agencia de inteligencia están mirándonos. Entendemos que nos miréis, porque es vuestro trabajo y tenéis que saber qué está diciendo la gente. Pero lo que queremos que sepáis que la razón de que estemos hablando de esta manera es porque amamos nuestro país y no podemos dejar simplemente que las cosas sigan así», exponía consciente del riesgo. «Mi constitución me permite ser crítico con el gobierno por las políticas que lleva a cabo», recordó aludiendo a los derechos de asociación, libertad de expresión y de prensa sin incitar a la violencia recogidos por la constitución zimbabuense. «No pueden arrestarme por esto», dijo.
Sin embargo, al día siguiente de emitir el vídeo y cuando estaba finalizando un servicio religioso, los agentes de seguridad llegaron hasta su iglesia en Harare para arrestarlo. Su abogado, Harrison Nkomo, declaró a los medios que el pastor más activista de Zimbabue se enfrenta a una acusación de subversión después de la charla online que lideró el sábado, donde criticaba, entre otras cosas, el aumento del precio de los productos y las dificultades para abastecerse de combustible.
No es la primera vez que Mawarire es blanco de la policía y ya cuenta con varios arrestos. La primera vez durante su liderazgo en las protestas de 2016.
Posteriormente cuando regresó a Zimbabue procedente de Estados en febrero, y más recientemente en junio, acusado de promover la violencia después de acudir a una manifestación de un grupo de estudiantes de medicina que estaban protestando por el importe de las tasas universitarias. La semana pasada se declaró inocente de los cargos de mala conducta e incitación, supuestamente para conspirar para derrocar al gobierno e insultar a la bandera nacional.
Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Zimbabue ha pedido el fin «de las detenciones arbitrarias y la intimidación con fines políticos». En un comunicado oficial, han declarado que apoyan «la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica» al mismo tiempo que hacen un llamamiento al Gobierno «para que respete y proteja los derechos humanos de todas las personas en Zimbabwe, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos».
La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) se ha referido a Mawarire como «preso de conciencia» y han asegurado que su detención «demuestra que continúa siendo blanco de un gobierno que se empeña en criminalizarlo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica».
Con información de El Mundo (ES)
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