El paro general realizado entre jueves y viernes para presionar la salida del presidente Nicolás Maduro dejó cinco muertos en Venezuela, con lo que se elevó a 103 los fallecidos en casi cuatro meses de protestas opositoras.
Un adolescente de 15 años murió en una manifestación en el occidental estado Zulia, donde también falleció un joven de 34 en la quema de un edificio estatal. Otro hombre de 34 años recibió cuatro tiros en Los Teques, en las afueras de Caracas, según la Fiscalía.
El Ministerio Público había informado el jueves de la muerte, durante protestas, de un joven de 24 años en Los Teques y otro de 23 en Valencia, capital del norteño estado Carabobo.
Fuertes choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes se registraron durante el paro en todo el país, con saldo de 367 detenidos sobre todo en Caracas, en Zulia y en Carabobo, según la ONG Foro Penal.
Cuadrillas de trabajadores y vecinos levantaban este viernes barricadas de escombros y basuras que mantuvieron bloqueadas muchas calles y avenidas hasta que terminó, a las 10H00 GMT, el paro que convocó la oposición para obligar a Maduro a retirar su Asamblea Constituyente.
Los comercios abrieron, autobuses y automóviles circulaban ya con normalidad y las estaciones del Metro del este de Caracas funcionaban tras permanecer todo el jueves cerradas.
La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) estimó en 85% el cumplimiento del paro, pero Maduro aseguró que fue un fracaso porque sectores económicos clave, como la industria petrolera, operaron al 100%.
La oposición escaló las protestas animada por 7,6 millones de votos que asegura obtuvo en la Consulta Popular que hizo el pasado domingo contra la Constituyente, cuyos 545 asambleístas se elegirán el 30 de julio para reformar la Carta Magna.
La MUD rechazó participar en la Constituyente, argumentando que no fue convocada en referendo y que el sistema electoral es un «fraude» con el que Maduro busca aferrarse al poder, con apoyo de los militares y los poderes electoral y judicial.
¿Estado paralelo o constitucional?
En su ofensiva, la oposición celebra este viernes una sesión pública del Parlamento, donde es mayoría, para nombrar a magistrados paralelos a los 33 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que asegura fueron designados irregularmente por la anterior mayoría legislativa oficialista.
«Mantenemos la presión, nombraremos a los magistrados y el sábado de nuevo a las calles. La próxima semana será la recta final para lograr el cambio en Venezuela y hacer retroceder esa falsa Constituyente», dijo el diputado Freddy Guevara.
La noche del jueves, la corte declaró nulo ese proceso, pues persiste el «desacato» en el que declaró al Congreso en enero de 2016, cuando la MUD asumió su control.
«Cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o militares» incurrirá en el delito de «usurpación», advirtió el TSJ, acusado de servir a Maduro.
El poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, candidato a asambleísta, amenazó con cárcel para los «usurpadores», cuando sea elegida la Constituyente.
La dictadura nos acusa de montar un ‘Estado paralelo’. ¿Quién usurpó las funciones del Parlamento? Somos el Estado constitucional», aseguró Guevara.
Según la fiscal general, Luisa Ortega, chavista devenida en fuerte crítica de Maduro, el TSJ rompió el hilo constitucional con fallos de los magistrados «ilegales» que socavaron el poder del Parlamento. Por su acusación, la corte le abrió un proceso judicial.
Llamados internacionales
Maduro confronta una fuerte presión internacional, a la que ha respondido que la Constituyente «va», especialmente -dijo- luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con sancionar económicamente a Venezuela.
Gobiernos de América Latina, la Unión Europa y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, le han pedido al mandatario que retire el proyecto.
Durante su cumbre en la ciudad argentina de Mendoza, el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), instará a Maduro este viernes a abrir un diálogo con la oposición o atenerse a la suspensión permanente del bloque.
El gobierno de Maduro calificó a esta cumbre de «ilegal» y consideró «alarmante» el uso «temerario» del bloque «al servicio de una política de hostigamiento» contra Venezuela.
En medio de la crispación, un diplomático venezolano ante Naciones Unidas, Isaías Medina, renunció, denunciando violación de derechos humanos en su país, pero el gobierno dice que lo relevó por actuación «deshonesta».
La oposición asegura que la Constituyente hará de Venezuela «otra Cuba» y empeorará la asfixiante crisis económica, con severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI calcula será de 720% este año.
Maduro sostiene que la Constituyente traerá paz y prosperidad, le dará rango constitucional a los programas sociales, al control de precios contra la inflación y a la distribución de alimentos subsidiados.
AFP.