(Miaminews24).- “Mi mensaje directo a los padres es que las escuelas son los mejores lugares para los niños. A nosotros no nos importa su condición económica o migratoria, lo único que nos importa es que estamos preparados para darles le bienvenida, acogerlos, quererlos, enseñarles, hayan nacido acá o no, hablen inglés o no”.
Sobre las familias indocumentadas siempre existe el fantasma de las redadas y la deportación. Ante ese riesgo, y las expectativas dadas por el discurso del entonces candidato republicano, ahora presidente electo Donald Trump, muchos padres se sienten intimidados y preguntan qué sucederá con los niños y jóvenes ‘sin papeles’ que asisten a clases en escuelas públicas de Miami-Dade.
“Incluso hay padres que no permiten que sus hijos vayan a la escuela o que se matriculen en ella. De hecho, estarían violando la ley si no matriculan a sus hijos en los colegios”, indicó el superintendente del distrito escolar del Condado Miami-Dade, Alberto Carvalho.
En conversación con Diario las Américas la máxima autoridad de las escuelas públicas en Miami-Dade hizo un llamado enfático a las familias, durante su: “Mi mensaje directo a los padres es que las escuelas son los mejores lugares para los niños. A nosotros no nos importa su condición económica o migratoria, lo único que nos importa es que estamos preparados para darles le bienvenida, acogerlos, quererlos, enseñarles, hayan nacido acá o no, hablen inglés o no”.
Leyes federales
Además, Carvalho aclaró que hay leyes federales y decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos que ofrecen “total protección a los padres de familia y a sus hijos, sin tener en cuenta su estatus migratorio”.
Y añadió, con absoluta firmeza, como garantía de un compromiso institucional con esas familias, que “para mí es una obligación no sólo legal, sino un imperativo moral educar a todos los niños, al margen de su condición migratoria”.
Por otra parte, la recién elegida miembro de la junta escolar por el distrito 6, Mari Tere Rojas, manifestó a este periódico que “es muy importante trabajar unidos con los padres de los estudiantes para que sepan bien cuáles son sus derechos”. Puntualizó que en la zona que representa hay muchos estudiantes indocumentados. También recordó los procedimientos a seguir por las escuelas públicas para recibir a un niño: “Cualquier inmigrante que venga a matricular a sus hijos no le pedimos que nos diga cuál es su estatus de residencia en el país. Tampoco les pedimos el número de seguro social”.
El miedo
Ante lo expresado por Carvalho y Rojas –quienes aplican la política del distrito escolar y del Gobierno de Estados Unidos- el miedo es entendible pero no tiene justificación.
Desde el punto de vista político y legal, el Condado Miami-Dade, hace cerca de tres años, rechazó el llamado programa de ‘comunidades seguras’, que fue promulgado por el Departamento de Inmigración como parte de una estrategia combinada que buscaba detener a extranjeros con antecedentes penales para ser deportados.
Por medio de ese programa, los agentes de la Policía que detuvieran a un inmigrante indocumentado, por cualquier clase de delitos o incluso sin haber cometido un acto que violara alguna ley, podía ser remitido a las autoridades de inmigración para ser ‘procesado’.
Sin embargo, una investigación realizada por Americanos pro Justicia Inmigrante y el Instituto de Investigación de Política Social y Económica, del Centro de Investigación y Estudios Laborales de la Universidad Internacional de la Florida, mostró que el 61% de las personas detenidas, que después fueron deportadas, habían cometido delitos menores o, lo peor, no habían transgredido la ley.
Nueva política
El proyecto fue reemplazado por un plan que dio prioridad a los indocumentados que hubieran cometido delitos graves. En Miami-Dade, tanto la Comisión como las autoridades de Policía estuvieron de acuerdo con esa nueva política.
En este contexto hay que entender que cualquier opinión del presidente electo Donald Trump sobre inmigración debe pasar, a partir del 20 de enero de 2017, día en que prestará juramento ante el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, por las leyes federales y la voluntad política de los poderes locales que protegen, por ejemplo, al sistema escolar.
Carvalho expresó sus dudas de que el Gobierno federal pueda llegar a tener como objetivo a los niños. “Nosotros colaboramos con otros sistemas escolares, tenemos un diálogo con el Congreso y la Casa Blanca para que las medidas que se tomen tengan en cuenta a nuestros estudiantes. Nosotros no vamos a abandonar esa responsabilidad”, sentenció.
Por: Sergio Otálora/Diario las Américas