Cuando Estados Unidos reconoció al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el líder legítimo de la nación el año pasado, hizo más que desencadenar una amarga disputa con el líder socialista Nicolás Maduro. Cada vez más, también desata un torrente de demandas.
La última se produjo el martes, cuando el directorio de Citgo, designado por Guaidó, la filial estadounidense de la compañía petrolera estatal de Venezuela, presentó una demanda en un tribunal federal en Houston contra un ex contratista que buscaba recuperar millones de dólares en daños.
La demanda acusa a José Manuel González y a su Petroleum Logistics Service Corp. con sede en Miami de proporcionar obsequios que incluyen efectivo, joyas, obras de arte privadas, vuelos alquilados e incluso un apartamento cuidadosamente seleccionado en Houston a ejecutivos de alto nivel en Citgo. A cambio, los funcionarios le pagaron a González $ 20 millones entre 2014 y 2018 para proporcionar bienes y servicios a la empresa matriz de Citgo, PDVSA, a precios inflados.
«Como resultado, Citgo perdió millones de dólares», alega la demanda.
La demanda sigue a una queja similar presentada por Citgo hace dos semanas contra el ex congresista de Miami David Rivera por presuntamente romper un contrato de consultoría de $ 50 millones con PDVSA.
La compañía también ha solicitado una orden judicial de los EE. UU. Que impida a los tenedores de bonos ejercer derechos colaterales sobre la refinería estatal e invalide $ 1.7 mil millones en deudas.
Ambas demandas destacan la relación cada vez más estrecha entre Guaidó y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Como abogados de la nueva junta de Citgo, bajo citación, examinan documentos internos que tratan de manejar las vulnerabilidades legales de la compañía, se ha encontrado una causa común entre los fiscales que atacan la gran corrupción en la industria petrolera en quiebra de Venezuela.
Hasta la fecha, 28 personas han sido acusadas como parte de la investigación en curso por fiscales en Houston, Miami y Washington.
Entre los muchos que se declararon culpables se encuentra González, quien fue arrestado llegando al Aeropuerto Internacional de Miami en 2018 acusado de pagar $ 629,000 en sobornos al ex gerente general de Bariven, la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA. Al declararse culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, González también admitió canalizar sobornos a funcionarios de PDVSA y Citgo.
La última demanda, que refleja la evidencia presentada en la denuncia penal contra González, no menciona a los cinco funcionarios de Citgo que presuntamente aceptaron sobornos. Pero todos ellos eran miembros de un departamento especial encargado de los esfuerzos de adquisición en nombre de PDVSA.
El funcionario E, que según la acusación fue un alto ejecutivo desde 2013 hasta noviembre de 2017 y cuyas funciones incluían «supervisar todas las operaciones de Citgo», parece haber sido el que más se ha beneficiado, al recibir de González obras de arte originales, un vuelo en un avión privado y un apartamento a su gusto en el área de Houston después de expresar su descontento con su alojamiento corporativo.
El funcionario E es José Pereira, el ex presidente interino de Citgo, según dos personas familiarizadas con la investigación federal bajo condición de anonimato para discutir los procedimientos en curso.
Pereira es uno de los llamados «Citgo 6» que han sido detenidos por el gobierno de Maduro desde que viajaron juntos a Caracas alrededor del Día de Acción de Gracias 2017 para una reunión convocada por el predecesor de Pereira, el entonces Ministro de Petróleo Nelson Martínez, que terminó siendo una trampa.
Desde entonces, he sido acusado en Venezuela de corrupción derivada de un plan nunca ejecutado para refinanciar unos $ 4 mil millones en bonos Citgo al ofrecer una participación del 50% en la compañía como garantía.
«Es injusto acusar a alguien de corrupción cuando están ilegalmente encarcelados y ni siquiera pueden defenderse», dijeron la esposa y dos hijos de Pereira en un comunicado.
Cuestionaron los motivos para acusar a Pereira de irregularidades y agregaron que nunca vivió en un departamento desde que se mudó a los EE.UU. En octubre de 2013 y que no poseía ninguna obra de arte costosa.
Todos los hombres eran ciudadanos estadounidenses, excepto Pereira, que era residente permanente. No hay indicios de que ninguno de los otros hombres detenidos haya estado involucrado en los presuntos actos de corrupción descritos en la demanda o acusación contra González. Martínez, quien también fue encarcelado, murió bajo custodia del estado en 2018.
Venezuela es propietaria de Citgo desde la década de 1980. Cuenta con tres refinerías en Louisiana, Texas e Illinois, además de una red de tuberías que atraviesan 23 estados que proporcionan alrededor del 5% de la gasolina estadounidense.
Guaidó y sus aliados se hicieron cargo de la sala de juntas de Citgo poco después de que la administración Trump lo reconoció como presidente de Venezuela en enero de 2019 y endureció las sanciones contra PDVSA y Maduro, impidiendo que los estadounidenses hagan negocios con ambos.
La adquisición de la quinta refinería de petróleo más grande de Estados Unidos fue anunciada como un gran impulso en la apuesta de la oposición para eliminar a Maduro.
Pero también lo hizo potencialmente responsable de pagar la creciente cantidad de deudas impagas de la compañía, y de Venezuela.
Este mes, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó una apelación de los abogados de Guaido para proteger la refinería de la incautación de una empresa de oro canadiense, Crystallex International Corp., que está tratando de recaudar un laudo arbitral de $ 1.4 mil millones derivado de la nacionalización de sus activos por parte de Hugo Chávez en una década. Más temprano.