Un juez federal en Portland, Oregón, suspendió el sábado una regla de la administración Trump que exige que los inmigrantes demuestren que tendrán seguro médico o que pueden pagar la atención médica antes de que puedan obtener visas.
El juez federal de distrito Michael Simon otorgó una orden de restricción temporal que impide que la regla entre en vigencia el domingo. No está claro cuándo se pronunciará sobre los méritos del caso.
Siete ciudadanos estadounidenses y una organización sin fines de lucro presentaron la demanda federal el miércoles alegando que la norma bloquearía a casi dos tercios de todos los posibles inmigrantes legales.
La demanda también dijo que la regla reduciría o eliminaría en gran medida el número de inmigrantes que ingresan a los Estados Unidos con visas patrocinadas por la familia.
«Estamos muy agradecidos de que el tribunal reconoció la necesidad de bloquear la prohibición de atención médica de inmediato», dice la abogada litigante Esther Sung del Centro de Acción de Justicia, quien argumentó en la audiencia del sábado en nombre de los demandantes. «La prohibición separaría a las familias y reduciría dos tercios de la inmigración basada en tarjetas verdes a partir de esta noche, si la prohibición no se detuviera».
La proclamación firmada por el presidente Donald Trump a principios de octubre se aplica a las personas que buscan visas de inmigrantes del extranjero, no a las que ya están en los EE. UU. No afecta a los residentes legales permanentes. No se aplica a solicitantes de asilo, refugiados o niños.
La proclamación dice que a los inmigrantes se les prohibirá ingresar al país a menos que estén cubiertos por un seguro de salud dentro de los 30 días posteriores a la entrada o que tengan suficientes recursos financieros para pagar los costos médicos.
La regla es el último esfuerzo de la administración Trump para limitar el acceso de los inmigrantes a los programas públicos al intentar alejar al país de un sistema de inmigración basado en la familia a un sistema basado en el mérito.
La Casa Blanca dijo en un comunicado el domingo que está totalmente en desacuerdo con la decisión.
«Una vez más, una orden judicial a nivel nacional está permitiendo que un solo juez pueda frustrar el juicio político del Presidente sobre un asunto en el que el Congreso expresamente le dio autoridad al Presidente», dijo la declaración de la Secretaria de Prensa Stephanie Grisham.
«Es incorrecto e injusto que un solo juez de un tribunal de distrito frustra las políticas que el Presidente determinó que protegerían mejor el sistema de salud de los Estados Unidos, y que los contribuyentes de los Estados Unidos sufran las graves consecuencias de la inmensa tensión infligida en el sistema de salud por subsidiando la atención no compensada para aquellos que buscan admisión.
Según la regla de visas del gobierno, el seguro requerido puede ser adquirido individualmente o proporcionado por un empleador y puede ser una cobertura a corto plazo o catastrófica.
Medicaid no cuenta, y un inmigrante no puede obtener una visa si usa los subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio al comprar un seguro. El gobierno federal paga esos subsidios.
Según el Instituto de Políticas de Migración, un grupo de expertos en inmigración no partidista, el 57% de los inmigrantes estadounidenses tenían seguro médico privado en 2017, en comparación con el 69% de los nacidos en EE. UU., Y el 30% tenía cobertura de seguro médico público, en comparación con el 36% de los nativos. nacido.
La tasa de personas sin seguro para inmigrantes bajó del 32% al 20% entre 2013 y 2017, desde la implementación de la Ley de Atención Asequible, de acuerdo con la Política de Migración.
Hay alrededor de 1.1 millones de personas que obtienen tarjetas verdes cada año.
«Innumerables miles en todo el país pueden dar un suspiro de alivio hoy porque el tribunal reconoció el daño urgente e irreparable que se habría infligido» sin la retención, dijo Jesse Bless, director de litigios federales en la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
A principios de este año, la administración realizó cambios radicales en las regulaciones que negarían las tarjetas verdes a los inmigrantes que usan algunas formas de asistencia pública, pero los tribunales han bloqueado esa medida.