Conseguir agua potable en una gran ciudad como Santa Clara no es nada fácil, pero mucho más complicado aún es obtener el agua purificada, altamente beneficiosa para enfermos de cáncer y otras enfermedades que debilitan el sistema inmunológico.
EcoFinca, un proyecto liderado por Ana Rosa Cardoso Gómez, comenzó a obtener agua purificada mediante la técnica de ósmosis inversa y a comercializarla al público en general. Esos ingresos le permitían distribuirlo de forma gratuita a unos 70 pacientes “con afecciones hepáticas u oncológicas”. Sin embargo, no tuvo en cuenta que una maraña de regulaciones y leyes harían descarrilar su negocio.
Una fuente cercana a la familia, que quiere mantenerse en el anonimato por temor a las autoridades, recuerda que EcoFinca lleva tres años batallando con el Estado para que les permita continuar llevando a cabo su labor.
“De lo que fue un solar yermo hicimos una finca ecológica. Enseñamos a los campesinos a cultivar la tierra, buscamos soluciones para las plagas, convertimos aquello en un vergel. Frutas, vegetales, hortalizas. Todo lo que escasea en el país lo producíamos nosotros. Hasta un Domingo Verde instauramos para educar a las nuevas generaciones en el cuidado del medio ambiente”, comenta la fuente.
El problema con las autoridades comenzó en 2017 cuando, bajo la licencia de vendedor de alimentos, el proyecto EcoFinca comenzó a vender agua purificada. “A través de un proceso de ósmosis inversa, y con apoyo de un equipo importado, fabricábamos un producto 100% libre de bacterias, virus, sales y decenas de otros agentes perjudiciales”, explica la fuente.
El Ministerio de Salud Pública le entregó una licencia sanitaria para el consumo del agua purificada, que se vendía a 60 pesos en la puerta de la casa, mientras el Estado comercializaba a 2,75 CUC (69 pesos) en sus tiendas en divisas. Con el dinero que producía la venta del agua purificada al público se entregaba de manera gratuita ese mismo producto a un grupo de pacientes del hospital pediátrico José Luis Miranda y el hospital ginecobstétrico Mariana Grajales.
Sin embargo, las leyes prohíben la venta de agua embotellada por los cuentapropistas porque consideran que “el acceso al agua potable es un derecho humano del cual se ocupa el Estado”.
Inés María Chapman Waugh, presidenta en aquel entonces del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y actual vicepresidenta del Gobierno cubano escribió una carta a las autoridades de Villa Clara, citada por el semanario regional Vanguardia, donde señala que “la venta de agua no puede convertirse en un medio para enriquecerse”.
Según los funcionarios, el negocio contravenía la indicación No. 58 de 2017, emitida por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que prohibía la venta de agua embotellada por personas naturales. “En nuestro país se comercializa el agua a precios subsidiados, de forma tal que todos puedan acceder a ella”, explica la funcionaria.
En Cuba existe la licencia de aguador, pero no incluye la purificación y embotellamiento, sino solamente el transporte de un lado a otro. EcoFinca intentó obtener licencia para vender agua pero no lo consiguió, aunque cuentan con su propio pozo. Cuando el Estado les prohibió embotellar agua continuaron entregándola a granel, pero en los últimos meses las autoridades de Villa Clara han presionado para que cesen totalmente la distribución.
“El equipo con el que purificamos el agua lo importamos desde Estados Unidos. Han amenazado con confiscarlo. Filtros, turbinas, piezas de repuesto… todo eso lo compramos con mucho sacrificio”, agrega.
Para Felicia, una de las beneficiadas con el agua purificada producida por EcoFinca, las regulaciones “no tienen sentido”.
“El presidente [Miguel] Díaz-Canel se pasa la vida hablando de sustituir importaciones, de producir más. Aquí en Santa Clara hay una familia que está produciendo, que está pensando como país. ¿Qué hacen los dirigentes? Los asfixian. Por eso es que no progresamos porque nosotros mismos nos bloqueamos”, dice indignada en una llamada telefónica.
Felicia cuenta que el agua que llega a las pilas de Santa Clara a veces parece chocolate por la cantidad de tierra que trae. “Un enfermo no puede tomarse esa agua. A veces ni siquiera sé si me estoy bañando o ensuciando más cuando me ducho”, ironiza.
Para Erick Pérez Tadeo, subdelegado de Inspección Estatal de Recursos Hidráulicos en Villa Clara, en cambio, el problema es más claro que el agua. “Ellos [los trabajadores de la EcoFinca] contemplan el agua como alimento porque dicen que la procesan. Yo puedo decir que esa agua se puede considerar alimento cuando me preparen un refresco u otro tipo de sustancia. El agua que se les brinda a través de las redes de Acueducto es un recurso natural”, dijo al semanario Vanguardia.
“Si usted quiere regalar el agua a una persona limitada de salud, no hay problema; lo que no se puede es comercializar ni un litro, pues no se permite lucrar con bienes del Estado”, zanja con toda la autoridad que le da su cargo.