La guerra de México contra el narcotráfico parece haber vuelto, y podría ser peor que la sangrienta ofensiva gubernamental contra los cárteles entre 2006 y 2012.
Antes la peor parte de la violencia se limitaba a unas pocas ciudades; ahora se extiende por todo el país. Antes no era raro que las bandas matasen a adultos pero dejasen a los menores ilesos; ahora, el asesinato de menores junto a sus padres se ha convertido en algo demasiado frecuente.
Y el que quizás sea el cambio más desconcertante: la sangrienta violencia de los cárteles enojó a los mexicanos y acaparó la atención intencional por la guerra contra el narco, que registró 27.000 homicidios durante su apogeo en 2011. Hoy en día, aunque el número de asesinatos en el país se incrementó hasta cerca de 35.000 el año pasado, el derramamiento de sangre parece recibir menos atención y generar menos indignación.
Todo esto ha dejado a muchos mexicanos preguntándose qué camino tomar.
Esto fue evidente esta semana en Coatzacoalcos, una ciudad petrolera del estado de Veracruz donde, según residentes, las bandas luchan por controlar el territorio y extorsionan a los propietarios de negocios con amenazas de violencia. El martes en la noche, presuntos miembros del cártel de Jalisco se presentaron en el club nocturno Caballo Blanco, bloquearon las salidas y provocaron un incendio que mató a 28 personas atrapadas dentro, aparentemente porque el dueño se habría negado a pagar más extorsiones o porque vendió drogas de otro grupo.
Vanessa Galindo Blas perdió a su pareja de hecho, Erick Hernández Enríquez, en el ataque. Ambos nacieron en Coatzacoalcos pero habían hablado de marcharse.
«Habíamos platicado de irnos de aquí para un lugar más seguro, para el futuro de nuestros hijos”, dijo Galindo Blas el jueves, mientras extendía sus manos sobre el ataúd metálico de Erick. Sobre el féretro descansaba una foto de él vestido con una camiseta con la frase «I Love Coatzacoalcos» («Amo Coatzacoalcos»).
Pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre su nuevo destino, en parte porque la violencia es ahora un problema en gran parte del país y ya no hay un sitio realmente seguro.
Entre 2006 y 2012, gran parte de la guerra contra el narcotráfico se concentró en una serie de ciudades del norte: Ciudad Juárez, Tijuana, Culiacán, Reynosa y Nuevo Laredo. «(Ahora) el efecto es de más extensión, también eso lo hace más difícil de controlar”, dijo Alejandro Hope, analista de seguridad en México.
Pero teniendo en cuenta todas las similitudes _ ataques incendiarios letales, cadáveres abandonados en pilas o colgados de pasos elevados, masacres en fiestas, videos de decapitaciones publicados en redes sociales _ los paralelismos entre ese episodio y el actual son demasiado claros. “Es un déjà vu constante”, apuntó Hope.
Otra tendencia preocupante es que los menores son abatidos a tiros por los pistoleros que tienen como objetivo a un adulto. Los cárteles de Sinaloa y Juárez se enorgullecían en su día de sus asesinatos selectivos, que acababan con la vida de las personas señaladas pero dejaban al resto de los miembros de su familia ilesos.
Ahora, los niños mueren con una frecuencia escalofriante. En junio, un menor fue asesinado junto a su padre en el estado de Sonora. En julio, otro de 10 años murió durante un atraco en el estado de Puebla. En agosto, hombres armados irrumpieron en una vivienda en Ciudad Juárez y dispararon 123 balas que mataron a tres niñas, de 14, 13 y 4 años, además de a un hombre adulto que parecía ser el objetivo real del ataque.
Hace dos años, Coatzacoalcos copó titulares en todo el país cuando un hombre, su esposa y sus tres hijos pequeños fueron abatidos por un cártel de la droga. Sin embargo, el asesinato de las tres niñas en Ciudad Juárez atrajo menos atención.
«Pareciera que nos estamos acostumbrando a ver esto, donde matan a todos, matan a niños. Yo no quiero acostumbrarme a eso», dijo Lenit Enríquez Orozco, una activista de Coatzacoalcos.
Su hermano, Jonith Enríquez Orozco, está desaparecido desde que fue secuestrado el 25 de septiembre de 2015. No ha habido rastro de él desde entonces a pesar de que su grupo, Madres en Búsqueda, rastreó cementerios clandestinos en todo Veracruz.
Hope señala que México tiene un registro lamentable en lo referente a la investigación y enjuiciamiento de asesinatos, con más del 90% impunes.
«Hoy, el riesgo de que matas a un hombre a que a toda su familia, es igual», dijo el analista. Según está lógica, acabar con toda una familia “tiene ventajas, a nivel de intimidación, es más fácil de hacer, hace que sea más rápida la huida”.
La incesante violencia ha insensibilizado a muchos.
En 2010, pistoleros irrumpieron en una fiesta de estudiantes de secundaria en el vecindario de Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, y mataron a 15 en lo que pareció ser un caso de identidad errónea. Esa masacre provocó enormes y furiosas protestas callejeras y una visita del por entonces presidente Felipe Calderón.
En abril de este año, hombres armados entraron a una fiesta en Minatitlán, cerca de Coatzacoalcos, y mataron a 14. Días más tarde, apenas unas docenas de personas participaron en una marcha por la paz.
«No pasa nada. Esto debería generar indignación general” tanto contra los cárteles como contra el gobierno, apuntó Hope.
El analista atribuye la silenciosa reacción al elevado índice de aprobación del nuevo dirigente, Andrés Manuel López Obrador, que superó el 70% en algunas encuentras a nueve meses de asumir el cargo.
Muchos mexicanos están dispuestos a darle a López Obrador el beneficio de la duda ya que éste reconoce que la delincuencia es su mayor reto. El presidente insiste en que sus lentas políticas para reducir el paro juvenil acabarán por resolver las causas de base del problema mejor que declarar otra ofensiva directa a los cárteles.
Carlos Ángel Ortiz es uno de esos que no culpan a López Obrador.
«Es como dice el presidente: ‘Solo el pueblo puede salvar al pueblo’”, apuntó Ortiz mientras hacía los preparativos para enterrar a su sobrina, Xóchitl Irineo Gómez, una bailarina del club nocturno que murió por inhalación de humos. Tenía un hijo y una hija de siete y tres años.
Los más pobres conforman la base electoral del presidente, y es este el grupo que más sufre los efectos de la violencia. Irineo Gómez era el único sustento no solo para sus hijos sino también para sus ancianos padres. Erick Hernández Enríquez dejó poco a su familia además de una modesta casa de bloques de concreto de tres habitaciones.
«Hay muchas casas vacías en Coatzacoalcos, mucha gente se ha ido”, explicó la activista María Fabiola Dávila. «Los que tienen dinero, se van a otros países”.