Un juez federal en Kansas determinó que una ley que convierte en un delito “alentar” o “inducir” a inmigrantes no autorizados a que ingresen o vivan en Estados Unidos es anticonstitucional.
El juez federal de distrito Carlos Murguia emitió su fallo el miércoles antes de anular las condenas de José Felipe Hernández Calvillo y Mauro Papalotzi, según un reporte de la radiodifusora KCUR-FM. Los fiscales aseguraron que ambos hombres, que se encontraban en el país sin autorización legal, administraron a grupos de trabajadores que instalaban páneles de yeso para una compañía en Lawrence.
Después de ser condenados por conspirar con sus supervisores para violar la ley, la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco determinó en un caso similar que el alentar a los inmigrantes a permanecer en el país sin autorización legal, es parte de la libertad de expresión que protege la Primera Enmienda.
Si bien el Noveno Circuito no tiene jurisdicción en Kansas, Murguia consideró que el argumento es persuasivo. En su fallo dijo que adoptaba “por completo” el análisis de la corte del Noveno Circuito y aceptó que la ley es “exagerada”.
Otras cuatroo personas que también fueron acusadas en 2016 de violar la ley, entre ellos el propietario de la compañía, se declararon culpables a delitos menores en 2017.
La ley fue aprobada por el Congreso en 1952 y ha sufrido enmiendas en varias ocasiones desde entonces. Las violaciones conllevan una sentencia de hasta cinco años de prisión, y se pueden añadir otros cinco años si se considera que el acusado actuó para obtener una “ventaja comercial o ganancia económica privada”.
“Lo importante, aparte del asunto de la Primera Enmienda, es que el gobierno estaba usando esto (la ley) para acusar a personas que no hicieron más que proveer un empleo a una persona indocumentada, ya sea que hayan tenido o no conocimiento directo de que la persona era indocumentada”, declaró el abogado de Hernández Calvillo, Tom Bradshaw.
“La ley requiere que cuando uno ‘alienta’ o ‘induce’, uno sepa que la persona estaba aquí sin autorización legal. Pero al gobierno eso no le había importaod”, sostuvo Bradshaw.
Jim Cross, un portavoz del fiscal federal para el distrito de Kansas, dijo en email que su oficina “evalúa en este momento el fallo del juez” y no ha tomado una decisión respecto a su siguiente paso.
Los dos hombres cuyas condenas anuló Murguia aún podrían ser deportados, si bien las autoridades no han iniciado los procesos de deportación en su contra. Bradshaw dijo que su cliente es padre de un hijo nacido en Estados Unidos y recientemente se graduó de secundaria.