Una petición para legalizar ese uso de la marihuana en la boleta de 2020 ya tiene las firmas necesarias para que la Corte Suprema estatal revise la propuesta. Una encuesta reciente de la Universidad Quinnipiac muestra que 65 por ciento de los electores floridanos apoyan la legalización de la marihuana y ya hay iniciativas de ley que presentan la legalización como un impulso potencial a la economía turística de la Florida, lo que resulta un paso hacia la reforma del sistema de justicia penal y una forma de impulsar mercados locales en mercados periféricos.
Los defensores de la medida están tratando de convencer a los demás con la razón de que generaría más ingresos por concepto de impuestos.
“En otros estados ha habido aumentos de ingresos para los gobiernos locales y estatales, en dependencia de la estructura tributaria”, dijo Michael Minardi, abogado de Tampa que lidera una propuesta electoral para legalizar la marihuana recreativa. “Las ventajas económicas son enormes”.
Pero en momentos que el asunto cobra impulso, un informe muestra que el estado debe ser cauteloso.
Según un nuevo estudio del Pew Charitable Trust, hay demasiada incertidumbre y muy poca información para que los estados dependan del llamado impuesto “al pecado” para solucionar la falta de presupuesto. El estudio concluyó que los estados se benefician de un fuerte crecimiento de los ingresos durante los primeros años de la legalización, pero hay evidencia de que ese crecimiento se reduce a medida que los mercados maduran.
“Esto plantea algo más importante y amplio” dijo la investigadora Alexandria Zhang a los reporteros durante una conferencia telefónica el martes: “A medida que los estados buscan nuevas fuentes de ingresos, los legisladores deben tomar en cuenta la volatilidad de esta nueva fuente de ingresos”.
Así las cosas, los estados deben tratar el asunto como cualquier otra forma no recurrente de dinero para reducir desequilibrios en el presupuesto, dijo Zhang. Hay formas de evitar los efectos negativos, como cobrar ese dinero antes de gastarlo o usar los ingresos para robustecer los ahorros. Por ejemplo, Nevada asigna ingresos de su impuesto minorista para un fondo de emergencia. Por su parte, Washington usa esos ingresos para programas de servicios médicos de menor envergadura.
Pero todavía no se sabe cuánto tiempo demora un estado en sacar los mayores ingresos a las ventas de marihuana para uso recreativo.
Los 11 estados en que está autorizada la marihuana recreativa gravan a las compañías con un impuesto general al comercio minorista, un impuesto específico a la marihuana o los dos. Zhang señaló que estados como Oregon experimentó con diferentes estructuras impositivas hasta que encontró una que generaba la mayor cantidad de ingresos.
Este impuesto específico por lo general se grava por unidad, como una onza, por porcentaje del valor de la venta. En California, por ejemplo, el estado cobra $9.25 por cada onza de flor de marihuana que compra una compañía para vender o procesar. Cuando el producto final se compra, el estado cobra el estado cobra un impuesto general a las ventas más un 15% adicional. En el estado de Washington, por otra parte, no hay un impuesto específico por unidad, pero grava la marihuana con un impuesto a las ventas de 37% además del impuesto general a las ventas.
Algunos estados, como Massachusetts, autorizan a los gobiernos locales a agregar un impuesto adicional a la marihuana para financiar proyectos en sus comunidades.
Lo más complicado de todo es mantener los impuestos lo suficientemente bajos como para capturar compradores del mercado negro y del mercado de la marihuana para fines médicos, donde prácticamente no se cobra impuestos, pero que sean lo suficientemente altos como para general ingresos para las arcas estatales. Washington logró capturar la mayor parte del mercado negro de la marihuana, mientras que Colorado se ha demorado más en esa conversión.
Sin embargo, hay pocos estudios sobre qué estructura impositiva funciona mejor.
“Es una interrogante abierta”, dijo Zhang. “En los estados donde se legalizó primero, todavía no se ha estabilizado ni el precio ni la demanda. Solamente el tiempo dirá cuando los mercados maduren y lleguen a su plena capacidad”.
El año pasado, los representantes demócratas Michael Grieco, de Miami y Carlos Guillermo Smith, de Orlando, presentaron un proyecto de ley para legalizar el consumo de marihuana. La iniciativa, que los legisladores dijeron que volverán a presentar este años, impone un impuesto específico de $50 por onza al producto a nivel de distribución.
El 15% de los ingresos iría al Fideicomiso de Bebidas Alcohólicas y Tabaco (que incluiría entonces la marihuana también) y el resto se transferiría al fondo general de ingresos de la Legislatura.
Grieco dijo que ese impuesto sería “una bonificación agregada” al objetivo fundamental de la propuesta, que es la reforma del sistema de justicia penal.
“Eso sería lo correcto”, dijo.
Smith se hizo eco de esa opinión, señalando que la cantidad de tiempo y dinero necesaria para arrestar, enjuiciar y encarcelar a los que infrinjan las leyes estatales sobre la marihuana. Smith agregó que los impuestos sobre la droga pudieran ser flexibles y cubrir necesidades de presupuesto de año en año.
Smith, quien recientemente visitó un dispensario de marihuana en Denver con legisladores de Colorado, dijo que una barra de chocolate con marihuana que compró indicaba que las ganancias de ese producto se dirigían a financiar servicios médicos a niños enfermos y las escuelas públicas.
Sin embargo, los legisladores dicen que el proyecto de ley es más simbólico que otra cosa. El año pasado fracasó en el primer comité legislativo por el que pasó y el gobernador Ron DeSantis ha dicho que la marihuana recreativa tiene un “efecto nocivo”.
“La realidad es que el mejor camino para los que quieren reformar las leyes sobre la marihuana es una enmienda constitucional”, dijo Smith.
La boleta
Aquí entra Michael Minardi.
La iniciativa de Minardi, que contempla que los mayores de 21 años tengan el derecho a cultivar y consumir marihuana, ha generado poco más de $416,000 para el fondo que espera llegue a ser un esfuerzo de $5 millones.
La propuesta es la más exitosa de tres sobre la marihuana que batallan por llegar a la boleta electoral, que incluye una iniciativa para permitir que los pacientes de salud mental y quienes los cuidan puedan cultivar sus propias plantas.
Esa propuesta ya tiene 83,192 firmas, unas 10,00 más de las necesarias para que la Corte Suprema la estudie y se realice una evaluación de su impacto financiero. Si el tribunal aprueba la redacción de la propuesta, el próximo paso es reunir un mínimo de 766,200 firmas para incluirla en la boleta para todo el estado se pronuncie.
Minardi dijo que cualquier industria nueva tiene que adaptarse a los cambios en el mercado y que espera que la Florida enfrente los retos como cualquier otro estado.
“Hasta que las leyes federales legalicen la marihuana, será difícil crear ese equilibrio”, dijo.
Minardi agregó que la propuesta que se presente en la boleta no puede fijar la tasa impositiva, sino que da a la Legislatura autoridad para formular un modelo fiscal para implementar la propuesta si se aprueba en 2020.
Agregó que los legisladores deben tener el buen tino de no “seguir alimentando el mercado negro”.
John Morgan, abogado de Orlando especializado en lesiones personales y quien financió la enmienda de 2016 que legalizó la marihuana para fines médicos, ha insinuado su participación en una iniciativa electoral todavía no anunciada que también se centra en la marihuana con fines recreativos. Morgan, quien se hace llamar “el papá de la marihuana”, dice que los ingresos por concepto de un impuesto a la marihuana son algo muy importante.
“Pero lo es lo más importante. Lo más importante es la reforma del sistema de justicia penal, es la libertad de escoger, son los beneficios médicos, es en verdad algo libertario”.
Fuente: El Nuevo Herald