El gobernador de Florida, Ron DeSantis, hizo el martes un llamado a jurisdicciones locales a sumarse al programa 287 (g) de cooperación con las autoridades migratorias y pidió al Legislativo un proyecto para “abordar” el tema de las llamadas “ciudades santuario” que protegen a indocumentados.
El anuncio lo hizo durante una rueda de prensa acompañado por el alguacil de Hernando, Al Nienhuis, quien informó sobre la implementación del 287 (g) en ese condado del norte de Florida.
Hernando se unió así a los condados Clay, Collier y Pasco, así como a la Oficina del Alguacil de Jacksonville, en la implementación de este programa federal.
“Pido a más agencias locales de aplicación de la ley que trabajen con el Gobierno federal para garantizar que se respete la responsabilidad y la justicia en todo nuestro estado”, dijo DeSantis.
La iniciativa permite a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de los detenidos y transferirlos a las autoridades migratorias si son indocumentados.
“Asumimos con mucha seriedad nuestra responsabilidad de proteger a nuestros ciudadanos, fomentar comunidades seguras y defender el estado de derecho”, expresó DeSantis.
Sin embargo, Juan Peñalosa, director Ejecutivo del Partido Demócrata de Florida, lamentó que la propuesta “sólo creará temor en las comunidades de inmigrantes” y aumentará la discriminación racial.
Señaló que el republicano DeSantis sólo “busca complacer a la base de extrema derecha” y su agenda antiinmigrante porque “Florida actualmente no tiene ‘ciudades santuario’”.
DeSantis también pidió al Departamento de Correcciones de la Florida (FDC) revisar el programa 287 (g) y preparar una estrategia para sumarse a la iniciativa.
En ese sentido urgió al secretario de FDC, Mark Inch, identificar las instalaciones dentro de su departamento donde resultaría “beneficiosa” la implementación de los programas federales de control de inmigración.
También pidió a las Asociación de Alguaciles de Florida que fomenten una mayor participación en programas que faciliten una mayor cooperación en la aplicación de la ley de inmigración con el Gobierno federal.
Recién posesionado, el presidente Donald Trump revivió el programa 287 (g) al ordenar en enero de 2017 al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comprometer a las jurisdicciones estatales y locales para fortalecer la participación en dicha iniciativa