(MiamiNews24).-Este jueves a la medianoche vence el plazo para que el gobierno de Donald Trump cumpla la orden dictada por la corte federal del distrito sur de California, en San Diego, para reunificar a la totalidad de los poco más de 2,500 menores migrantes que fueron separados de sus padres en la frontera en el marco de la política de ‘tolerancia cero’.
La fecha fue fijada el pasado 26 de junio por el juez federal Dana Sabraw tras una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). El grupo argumentó que el gobierno había separado forzosamente y sin razón legítima a una madre y su hija.
Sabraw falló que los agentes de inmigración no pueden separar a las familias de inmigrantes que llegan indocumentados a la frontera sur del país, la mayoría de ellos en busca de asilo tras huir de sus países a causa de la violencia y la pobreza.
El juez fijó entonces un plazo de 14 días para que el gobierno reunificara con sus padres a los niños menores de 5 años y 30 días a los mayores de cinco años.
El primer plazo se cumplió el 10 de junio, pero el Departamento de Seguridad Nacional solo reunificó a 58 de un total de 103 menores de 5 años reconocidos por el DHS, situación que generó una ola de críticas a nivel nacional.
El segundo plazo vence este jueves, pero no hay garantías de que el DHS reunifique a los 2,551 menores que dice haber separado entre el 9 de mayo y la tercera semana de junio, cuando el gobierno de Trump frenó las separaciones debido a presiones provenientes de un sector del partido republicano, la oposición demócrata, líderes religiosos, abogados y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y civiles, entre otros.
ACLU decepcionada
ACLU dijo estar “decepcionada” por la respuesta del gobierno al fallo del juez Sabraw.
“Hasta ahora (el martes por la noche) el gobierno ha dicho al tribunal que 1,600 familias han sido elegibles para ser reunificados. Es el número que ellos nos dieron, pero sabemos que no todos ellos han sido reunificados físicamente, faltan unos cuantos cientos”, dijo a Univision Noticias Esmeralda Flores, Esmeralda Flores, directora del programa de defensa de los derechos de inmigrantes y asuntos binacionales de la ACLU en San Diego.
Flores dijo además que “sabemos que van a ser capaces de reunir a cierto número de familias, pero habrá muchos otros que, según el gobierno, no son elegibles. Esperamos que mañana (por hoy) el gobierno le explique a la corte detalladamente por qué no son elegibles para la reunificación”.
El martes Gabriela Meléndez, directora de comunicaciones de ACLU, dijo de acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la corte, 463 padres fueron deportados de Estados Unidos sin sus hijos” y que los menores “se quedaron en Estados Unidos”.
Meléndez agregó que “desde la orden del juez el 24 de junio, el número de reunificaciones alcanza las 879 y corresponden a menores de menos de 5 años y mayores de 5 años”.
El martes, en una audiencia de seguimiento en la demanda los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) informaron que 1,012 menores de entre 5 y 17 años ya han sido devueltos a sus padres mientras que otros han sido entregados a algún familiar”.
ACLU dice que las cifras y la falta de datos para poder verificar los números del gobierno, ha generado una situación “decepcionante”.
Deportaciones contenidas
La semana pasada Sabraw ordenó al gobierno suspender temporalmente las deportaciones de familias reunificadas (TRO, por su sigla en inglés). La decisión fue en respuesta a un requerimiento de ACLU para darle tiempo a las familias migrantes que estudien opciones legales de permanencia, entre ellas el asilo.
Sabraw anunció que se tomaría al menos una semana para tomar una decisión que considera “extremadamente compleja”.
Durante la audiencia celebrada el martes, donde los abogados del gobierno entregaron actualizaciones a la corte, el tema no fue tratado en esta ocasión.
“Esperamos que la corte hable sobre este recurso el viernes, para darle más tiempo a las personas reunificadas para que luchen por sus derechos de permanencia”, dijo Flores.
El gobierno ha presionado para deportar de manera expedita a las familias reunificadas aduciendo problemas de espacio en los centros de detención del DHS. Pero el juez Sabraw ha señalado que los problemas de cupo son el resultado de la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno.
Los abogados de ACLU han solicitado a la corte que las familias reunificadas pueden ser puestas en libertad mientras esperan que sus casos avancen en las cortes de inmigración y los jueces deciden su futuro en Estados Unidos.
El plazo pedido por ACLU para frenar las deportaciones de estas familias permitiría a las organizaciones no gubernamentales (ONG) darles asesoría legal y preparar sus casos de asilo.
Se espera que el fallo de la corte de Sabraw sobre este asunto se emita el viernes.
La demanda entablada por ACLU para poner fin a las separaciones de familias en la frontera se basó en el caso de la inmigrante identificada con la sigla L, una mujer que abandonó la República Democrática del Congo con su hija pequeña, y llegó hasta la frontera entre México y California en noviembre de 2017.
Presentó una solicitud de asilo, fue entrevistada por un agente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) y fue retenida en un centro de detención en el área de San Diego.
Qué pasa si el gobierno no cumple
La pregunta que muchos se hacen es qué sucederá si el gobierno de Trump, como ocurrió el 10 de julio con el primer plazo, no cumple con la totalidad de las reunificaciones.
El profesor Stephen Yale-Loehr, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, Nueva York, analiza este escenario.
«Reportes de prensa indican que es poco probable que el gobierno cumpla con ese plazo”, dijo. “De hecho, 48 horas antes de la audiencia, el gobierno aún necesitaba reunir a más de 1,500 familias”, apuntó.
Yale-Loehr agregó que “el tribunal federal tiene varias opciones” si el gobierno no cumple con la fecha límite ordenada el 26 de junio.
- El juez Sabraw podría declarar al gobierno en desacato. Sin embargo, eso no necesariamente aceleraría el proceso de reunificación.
- El tribunal podría creer en la respuesta del gobierno, de que está trabajando rápidamente y de buena fe y le dará más tiempo para reunir a las familias.
- El tribunal podría continuar con su orden temporal que prohíbe al gobierno deportar a las familias tan pronto como se reúnan.
A la pregunta de si el gobierno decide mantener retenidas a las familias que reunifique, Yale-Loehr indicó que “en este momento no hay suficientes camas en los centros de detención familiar para tenerlos a todos. Y los médicos han escrito declaraciones juradas que explican que la detención de familias puede causar un posible daño psicológico permanente”, sobre todo a los menores.
“En conclusión”, apuntó, “no hay respuestas simples o buenas. El gobierno creó esta crisis separando a niños y padres sin pensar en las posibles consecuencias. Tomará a los abogados y los tribunales mucho tiempo para deshacer el daño provocado».
Fuente:Univision.