(Miaminews24).-El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asume la formación de un nuevo Ejecutivo en un momento de bonanza, con una economía que crece a un ritmo anual del 3 %, pero con una tasa de paro y un nivel de deuda pública que está entre los más altos de la UE.
Con un mercado laboral que cuenta con casi 18,9 millones de ocupados -todavía lejos de los 20,7 millones previos a la crisis- Sánchez tendrá que decidir si toma medidas para revertir la reforma laboral del PP de 2012, una de las principales reivindicaciones de los socialistas en la oposición.
De igual manera tendrá que meditar si toma la iniciativa para una eventual reforma del sistema de las pensiones, aunque previsiblemente esperará a que el Pacto de Toledo renueve sus recomendaciones, ya que el acuerdo presupuestario entre PP y PNV neutraliza por el momento la reforma de las pensiones de 2013.
Más urgente es la aprobación en julio del techo de gasto de 2019, que sentará las bases para los presupuestos del próximo año, si bien la asunción de los presupuestos del PP para este año resta prisas a la elaboración de las cuentas de 2019 en caso de que no tenga claros los apoyos parlamentarios.
En el ámbito financiero, tiene el reto de encontrar el mejor momento para retomar la privatización de Bankia para recuperar las ayudas públicas inyectadas o de optar por prorrogar más allá de 2019 el plazo fijado para que el Estado salga del capital de la entidad nacionalizada, en la que posee más del 60 %.
Asimismo, tendrá que avanzar en la reforma de la financiación autonómica y local, que tenía que haberse abordado esta semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretendía sacar adelante con el apoyo del PSOE.
Más compleja se presenta la puesta en marcha del nuevo impuesto a los servicios digitales planteado por el Ministerio de Hacienda como vía para contribuir a sufragar la subida de las pensiones y que el PSOE podría dejar aparcado.
Al respecto, el nuevo presidente tendrá que decidir si pone en marcha el impuesto a la banca planteado por los socialistas para ayudar a la financiación del sistema de pensiones.
En el área de Empleo se deberán retomar las negociaciones con los agentes sociales y las comunidades autónomas para reformar el sistema de protección por desempleo, después de que dos de los programas que afectaban a desempleados de larga duración (PAE y Prepara) dejaran de estar en vigor el 1 de mayo tras las sentencias del Tribunal Constitucional que señalaban que la gestión de estas ayudas es competencia autonómica y no estatal.
En el ámbito de las infraestructuras, deberá resolver si mantiene el plan de relicitar las nueve autopistas de peaje quebradas, de las que ocho ya han revertido al Estado. Fomento trabajaba para sacarlas a concurso este mismo mes.
Además, tendrá que definir el futuro de las autopistas de peaje cuyos periodos concesionales van a ir venciendo y poner en marcha el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que espera movilizar 5.000 millones de inversión público-privada.
Estaba previsto que los dos primeros proyectos del PIC se licitaran en la primera quincena de junio.
En el terreno energético, tendrá que ver si mantiene la intención del ministro en funciones Álvaro Nadal de ampliar los criterios para autorizar el cierre de centrales eléctricas.
También, si revisa la retribución de las redes eléctricas y de gas, y si traspasa a las compañías eléctricas el coste de desmantelar las centrales nucleares, iniciativas impulsadas por Nadal.
Quedan pendientes, además, el Plan de Energía y Clima y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aunque el nuevo Gobierno contará con el informe elaborado por el grupo de expertos.
En el campo tecnológico, el futuro Ejecutivo deberá continuar con la hoja de ruta para el futuro despliegue de la red móvil 5G.
Está previsto que la subasta de la banda de entre 3,6 y 3,8 GHz, la primera habilitada para el 5G, comience a mediados de julio y está aún pendiente la convocatoria de ayudas para proyectos piloto.
Fuente: Inversion Finanzas