(Miaminews24).- La mesa de diálogo acordó implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió un informe preliminar demoledor contra el Estado de Nicaragua en el que denunció “graves violaciones de derechos humanos” y “al menos 76 personas muertas”.
De acuerdo a esta resolución, “el diálogo nacional hace suyas las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH”.
La medida conlleva el compromiso a “establecer en la mesa del diálogo nacional un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones”, así como “un calendario concreto de nuevas visitas, de tal forma que se forme una comisión de seguimiento”.
Entre esas medidas está el cese inmediato de la represión, el respeto al derecho a la protesta, la libertad de expresión, la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre la violencia o la garantía de la vida.
Otras de las recomendaciones son la protección de las personas que dieron testimonio a la CIDH, medidas para juzgar y sancionar a los responsables de la violencia o que los operativos de seguridad cumplan los protocolos de actuación.
Además, solicitó el desmantelamiento de los grupos parapoliciales, el respeto de la independencia de los medios y la no censura, y la no emisión de declaraciones públicas que estigmaticen a los manifestantes.
La Comisión demandó sistematizar la información de los atendidos en los hospitales, la investigación de las denuncias de obstaculización en los hospitales, la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos y la apertura al escrutinio internacional.
Finalmente, la CIDH reclamó “la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional”.
Antes de la aprobación de esa resolución, el canciller Denis Moncada, líder de la delegación gubernamental, trató de vincular la aceptación de estas recomendaciones al levantamiento de los bloqueos en las carreteras, dado su enorme impacto, pero la propuesta no prosperó.
Previamente, el ministro ya había intentado lidiar con los opositores para no valorar el informe de la CIDH.
“Es un informe preliminar. Vamos a entrar al análisis y reflexión sobre ese informe”, aseguró.
La falta de concreción por parte del Ejecutivo llevó al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Jose Adán Aguerri, a pedir al Gobierno “tomar medidas políticas contundentes”.
“Hay que leer bien la realidad de lo que estamos enfrentando”, instó Aguerri a los representantes del Gobierno para advertirles que la falta de decisiones podrían llevar “a otro estallido social”.
“El país no aguanta una salida a mediano plazo, necesita resultados ya, y en ese sentido el Gobierno debe tomar medidas políticas contundentes”, remarcó.
Horas antes, la CIDH presentó su informe preliminar tras un detallado trabajo de campo, en el que reunió información y testimonios “que evidencian graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados”.
De acuerdo a la información obtenida por la CIDH, desde el comienzo de la crisis sociopolítica, “hubo, al menos, 76 personas muertas y 868 resultaron heridas”, y se produjeron un total de 438 detenciones.
Según indicó la comisionada Antonia Urrejola, relatora país de Nicaragua, el uso de la fuerza también generó detenciones ilegales, prácticas de tortura, tratos crueles, censura y ataques contra la prensa, y otras formas de amedrentamiento.
El ente reportó que la Policía y los antidisturbios “utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógeno en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones”, y comentó que “varios testimonios hablan del uso de francotiradores”.
“Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”, aseveró.
La comisión observó la falta de “estándares forenses” en los hospitales y la no documentación “fehacientemente” de las circunstancias de las muertes.
“En algunos casos se le requirió a los familiares firmar un texto en el que solicitaban la entrega del cuerpo sin realizar estas diligencias indispensables para alcanzar justicia”, lamentó Urrejola.
Finalmente, denunciaron un “ambiente de intimidación” contra los opositores, “amenazas de muerte”, “vigilancia” y “hostigamiento en redes sociales”.
Con información de CubaNet.
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