Al pasar 10 años de haber iniciado la investigación sobre el caso Navantia, fue archivado luego de que la juez concluyó que Venezuela pagó 42 millones de euros en comisiones.
De acuerdo a los reseñado en El País, el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, ha decretado que el archivo de las diligencias abiertas sobre la venta en 2005 a Venezuela; de ocho patrulleras españolas por 1.245 millones de euros.
«En el auto de sobreseimiento provisional, dictado el pasado 12 de enero, la juez declara acreditado que se pagaron más de 42 millones de euros en comisiones; pero alega que este sobrecoste salió de las arcas venezolanas y no supuso quebranto económico para el astillero español Navantia; por lo que no hay malversación de fondos públicos», agregó el medio en su portal web.
Sobre el caso Navantia que fue archivado, a pesar de que un perito judicial a cargo del caso estimó en al menos 1,3 millones la cuota defraudada entre 2008 y 2010; en Impuestos de Sociedades, IVA e IRPF, por lo que tampoco se da por confirmado el delito fiscal.
Caso Navantia fue archivado
Vale mencionar, que la venta al Gobierno de Hugo Chávez de ocho patrulleras de la empresa pública Navantia; fue uno de los grandes contratos de material de defensa del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
Sin embargo, esa operación, cerrada entre los dos Gobiernos en 2005, acabó dando lugar en 2010 a una investigación ante la Fiscalía Anticorrupción; la cual indagaba el cobro de comisiones por intermediarios venezolanos.
De hecho, en la causa fueron imputados Javier Salas, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI, precedente de la actual SEPI) en la última etapa de Felipe González (1990-95) y el expresidente de Navantia Juan Pedro Gómez Jaén.
Luego de todos estos años, la juez reconoció que, “no se ha podido averiguar el destino del dinero recibido por los intermediarios venezolanos; ya que su rastro se pierde en una maraña de sociedades en paraísos fiscales, como Islas Antillas y Dominica, y las comisiones rogatorias libradas; [a dichas jurisdicciones] no han tenido ningún resultado».
En este contexto, según el informe del fiscal que ha servido de base al auto de archivo, en diciembre de 2004 dice; que “estando casi cerrada la operación de venta de ocho embarcaciones a Venezuela, Gómez Jaén encargó a Javier Salas que viajara a Caracas; para comprobar la solvencia de dos venezolanos que se habían ofrecido como mediadores para la operación».
Dos venezolanos implicados
En cuanto a los venezolanos, se trata de Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malave Benavides, con los que el astillero español había trabajado años atrás. Icluso, confirmaron que en octubre de 2004, Carvallo se trasladó a Madrid con el séquito oficial del entonces presidente Hugo Chávez; por lo que aprovechó para ir a la naviera española como agente en Venezuela.
Asimismo, Salas llegó a un acuerdo verbal con ellos para, utilizando “sus contactos e influencias en España; lograr que se convirtieran en mediadores de la venta de los buques, a cambio de sustanciosos importes de dinero para él mismo», escribió El País sobre el caso Navantia que ya fue archivado.
Un año después, entre el 24 de febrero y el 30 de septiembre de 2005, se firmaron tres contratos entre el astillero español y la empresa Rebazve; constituida por los dos venezolanos para esta operación.
Respecto al tercero de los acuerdos, en los que el fiscal considera existen diversas irregularidades, se establecía que Rebazve cobraría; hasta el 3,5% del importe total de los ocho buques, cuatro de vigilancia oceánica por 721,5 millones de euros; y cuatro de vigilancia litoral por 523,7. Es decir, un máximo de 43,5 millones.
«El fiscal asegura que los responsables de Navantia eran conscientes de que la retribución pactada con el agente era excesiva; pero la aceptaron porque este sobrecoste iba a ser asumido por Venezuela, al formar parte del precio final de las embarcaciones», se lee en el informe legal.
De igual manera, el funcionario reconoce que “el procedimiento se ha dilatado en exceso; pero argumenta que se debe a las comisiones rogatorias que, sin resultado, se han remitido a distintos paraísos fiscales».
Defensa de los involucrados
Por su parte, el abogado del expresidente de Navantia, José Mariano Benítez de Lugo, lamenta que el fiscal y la juez; hayan tardado tanto en reconocer que no hubo delito de malversación de fondos públicos.
«Desde el principio estaba claro que la comisión de los intermediarios se incluyó en el precio de los buques; y fue pagada por Venezuela», aseguró.
También, un portavoz de Navantia ha subrayado que la empresa pública “respeta y acata las decisiones judiciales». Al tiempo recordó, que la propia compañía estaba «personada en el procedimiento y hemos colaborado en todo momento con la investigación judicial».
Con información: El País | Foto: Cortesía/Referencial
Para obtener información al instante, únete a nuestro grupo de Whatsapp a través de éste link https://wa.me/message/RTD2LBONJQ7AF1
También estamos en Telegram, únete a nuestro canal t.me/miaminews24oficial