El pasado lunes, una comisión del Congreso peruano logró aprobar un informe en el que piden constitucionalmente acusar al expresidente Martín Vizcarra de «liderar una organización criminal».
El informe, además, permitió que se aprobara la inhabilitación del exmandatario peruano para para ejercer cualquier función pública durante diez años.
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El congresista Edgar Alarcón, quien preside la Comisión de Fiscalización, fue el encargado de aprobar el informe; en el congreso peruano con diez votos a favor, uno en contra y tres abstenciones procedió la investigación sobre las contrataciones que el Ministerio de Cultura, desde 2018, realizaba con el cantante Richard «Swing» Cisneros tras supuestas recomendaciones de Vizcarra.
Al respecto, el grupo de trabajo tomó la decisión de inhabilitar a Vizcarra «sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo a las normas vigentes»; y se le acusó también «por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función».
Congreso peruano en pleno uso de la ley acusó a Vizcarra
El informe fue sustentado por Alarcón; quien recordó que la comisión pidió que el plazo de las indagaciones se ampliará hasta en dos oportunidades; además, que se les había permitido investigar las presuntas contrataciones vinculadas con el entorno de Vizcarra en otras instituciones del Estado.
Se presume que durante la gestión de Vizcarra; «habría existido un uso ilegítimo» de la ley «para favorecer a amigos y/o familiares» con puestos de trabajo en el Estado.
Cabe destacar que el informe que acusó a Vizcarra de “liderar una organización criminal”, aún deberá ser debatido y votado por el pleno en el Congreso peruano.
Además, de acuerdo a la investigación, se presume que existió una organización criminal «que habría capturado el Poder Ejecutivo y sus dependencias; para utilizar el poder político con el que contaba su líder y jefe, el exmandatario Martín Vizcarra y sus miembros»; el objetivo: «contratar a las personas de su entorno».
Acusados los ministros de Agricultura y Riego, Cultura, entre otros
El documento sostuvo que se habrían cometido «varios delitos de función ejecutados por el mismo exmandatario, exministros; funcionarios y servidores públicos del despacho presidencial y otros sectores del Poder Ejecutivo».
El congreso peruano, recomendó que también se acuse constitucionalmente a los exministros de Agricultura y Riego Gustavo Mostajo, Fabiola Muñoz y Jorge Montenegro; por la posible comisión de delitos como omisión de funciones, demora de actos funcionales, colusión agravada y tráfico de influencias.
Se consideró que también se acusaran a los exministros de Cultura, Transportes, Vivienda y Construcción, Educación, y Defensa durante la gestión de Vizcarra; bajo consideraciones relacionadas a la omisión de actos funcionales y «permitir que se ejecuten actos ilegales e ilícitos durante su gestión».
El acusador: investigado por un fiscal anticorrupción
Se dio a conocer que Alarcón, principal acusador de Vizcarra en el Congreso; está siendo investigado por un fiscal anticorrupción perteneciente a la región sureña de Tacna; se presume que él recibió 2 millones de soles (unos 560.000 soles) cuando estuvo al frente de la Contraloría de la República.
Según el testimonio de un aspirante a colaborador de la Justicia; el dinero fue entregado a Alarcón en 2017 por el exalcalde de la localidad de Ilabaya Luis Cerrato; quien también es acusado de liderar una organización criminal.
Luego de conocerse esa información; Alarcón aseguró a través de Twitter que «era previsible que ante inminente aprobación del caso Swing, los aliados de Vizcarra lancen sus mentiras»; por tal razón, acusó al fiscal de haber violado la reserva del caso y de haber adelantado una opinión.
Con información de EFE | Infobae
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