Nueve reclusos en el sistema penitenciario estatal de Florida han muerto por COVID-19, siete de los cuales fueron encarcelados en una prisión privada cerca de Pensacola.
Larry Lay, de 73 años, murió el jueves de COVID-19 en el Hospital del Sagrado Corazón en Pensacola, según Jeff Martin, director de la oficina del médico forense que supervisa el condado de Escambia.
Lay estaba cumpliendo una condena de 30 años por asesinato en primer grado en el Centro Correccional del Río Blackwater, operado por el Grupo Geo.
7 presos han muerto en Blackwater, uno en la Institución Correccional de Sumter y otro en una instalación que no se conoce.
Hasta el viernes por la noche, 11 trabajadores y 48 reclusos en Blackwater habían dado positivo por COVID-19, según el Departamento de Correcciones de Florida. El brote de casos en Blackwater se informó por primera vez el 30 de marzo, cuando los funcionarios de correcciones dijeron que dos trabajadores de la prisión habían dado positivo por COVID-19.
Las primeras muertes de reclusos allí no fueron reconocidas por el Departamento de Correcciones durante seis días, y solo después de que una organización de noticias las reveló.
¿Cuantos reclusos han sido diagnosticados con COVID-19?
Hasta la fecha, 575 reclusos habían sido diagnosticados con la enfermedad. Veinte reclusos fueron puestos en aislamiento médico después de mostrar síntomas, y 4.557 más están en cuarentena médica, lo que significa que tuvieron contacto cercano con una persona que dio positivo o mostró síntomas.
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En total, se han realizado 3.288 pruebas. De ellos, 1.928 habían resultado negativos y 786 esperaban resultados. El Servicio de Noticias de Florida informó el viernes que el recuento de exámenes incluye reevaluaciones, lo que deja en claro cuántos presos individuales se han sometido a exámenes.
En todo el estado, 187 empleados han contraído el virus, muchos de ellos en prisiones estatales administradas por contratistas privados.
Según el proyecto de seguimiento de prisiones de la UCLA Behind Bars , Florida se queda atrás de Ohio, Michigan, Nueva Jersey y Texas en la muerte de reclusos en prisiones estatales.