El gobierno de Estados Unidos dijo que su nueva disposición que niega la residencia legal permanente a los extranjeros que usen asistencia social, no aplicará a los inmigrantes que busquen atención médica por COVID-19.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) dijo el viernes que buscar tratamiento o servicios preventivos no afectará la condición migratoria de nadie, pese a lo estipulado en la nueva normativa sobre carga pública, que entró en vigor el mes pasado y castiga a los inmigrantes que necesiten asistencia pública, reporta un cable de AP.
La agencia reconoció que algunos inmigrantes podrían dudar en buscar atención médica, y dijo que “no considerará las pruebas, el tratamiento ni el cuidado preventivo” relacionado con el coronavirus al momento de determinar la elegibilidad de una persona para recibir la “green card”. Agregó que aquellos que no puedan trabajar o asistir a la escuela y deban sostenerse con asistencia pública durante la duración de la epidemia y recuperación, pueden presentar después una explicación y documentos, y que éstos se tomarán en consideración.
El USCIS hizo el anuncio después que legisladores y grupos activistas solicitaran al gobierno suspender la disposición durante el brote de coronavirus. Los activistas afirman que han recibido llamadas de inmigrantes que están preocupados de las consecuencias que pueda acarrear a su condición migratoria el buscar atención médica.
Los activistas han criticado la normativa sobre carga pública, que castiga a los inmigrantes que están en el país de manera legal, y a los que se le ha permitido acceder a ciertas prestaciones de asistencia pública, como cupones de alimentos, para sus hijos nacidos en Estados Unidos.
Mientras el coronavirus se propaga por Estados Unidos, los activistas y legisladores han advertido que podría ser contraproducente para la salud pública el excesivo temor de algunos inmigrantes a buscar atención médica.
“Hay una enorme reticencia, incluso entre padres inmigrantes que crían a hijos ciudadanos estadounidenses. Hay mucho temor en torno a la normativa sobre carga pública, en especial porque los tribunales de inmigración han permanecido abiertos, lo cual crea la fuerte impresión de que los trámites de deportación se anteponen a la salud pública”, dijo Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Lawyers for Civil Rights (Abogados Por los Derechos Civiles) en Boston.
Fuente: MiamiDiario