El fiscal general, Bill Barr, mantiene una campaña de presión para que los agentes de ICE puedan realizar arrestos en las cortes estatales sin orden judicial, pese a las advertencias de activistas y expertos legales de que esas detenciones arbitrarias afectan la seguridad pública.
La semana pasada, Barr y el nuevo secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, enviaron sendas cartas a las Cortes Supremas de los estados de Oregón y Washington para que no bloqueen el acceso de agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Control de Fronteras (CBP) a las cortes estatales.
En concreto, la Corte Suprema de Oregón dictaminó a principios de este mes que los agentes necesitan obtener una orden judicial para realizar arrestos administrativos contra migrantes en trámites de deportación. La máxima corte de Washington sopesa un dictamen similar.
Ninguna de las cortes ha hecho declaraciones sobre las presiones de la Administración.
En la carta, ambos funcionarios indicaron que en estos casos debe primar la seguridad pública. También se quejaron de que los reglamentos de las cortes para restringir las operaciones de agentes de inmigración sólo contribuyen a las políticas de “santuario” que, a su juicio, suponen un “riesgo inaceptable” en las comunidades.
Es el argumento que ha utilizado la Administración Trump desde 2017 contra las jurisdicciones “santuario” que restringen la cooperación de la policía con agentes de ICE.
Sólo que diversos centros de estudios, entre éstos el Instituto Cato, de corte libertario, han dejado en claro que, contrario al argumento de la Administración Trump y grupos conservadores afines, los inmigrantes, con o sin papeles, no contribuyen a un aumento de la criminalidad y, de hecho, tienen menos probabilidades de cometer delitos que los nacidos en este país.
Trampa para los inmigrantes
Según un análisis de enero pasado del “Proyecto para la Defensa de los Inmigrantes”, los tribunales estatales se han convertido en una “trampa” para los inmigrantes, porque, por ejemplo, los agentes de ICE ampliaron sustancialmente las operaciones de vigilancia y arresto en Nueva York, continuando una tendencia que se acentuó tras la toma de posesión del presidente Donald Trump en 2017.
En 2018, las operaciones de ICE dentro de los tribunales o en sus alrededores aumentaron en un 17% respecto al año anterior, y en un 1,700% en comparación con datos de 2016, según el análisis. La ciudad de Nueva York registró el 75% de los arrestos en los tribunales, especialmente en los sectores de Queens y Brooklyn.
ICE no sólo aumentó el número de arrestos en los tribunales de Nueva York sino que también los extendió tanto en su brutalidad como en las zonas geográficas del estado: en algunos casos, agentes sin uniforme usaron el uso de la fuerza para arrestar a inmigrantes indocumentados, según activistas.
En sus cartas a los magistrados, Barr y Wolf argumentaron que, bajo la Constitución, los agentes de inmigración no están sujetos a restricciones locales en sitios públicos, y pueden efectuar arrestos administrativos en los tribunales.
En enero de 2018, ICE emitió una directriz que formalizó la práctica de arrestar a inmigrantes en los tribunales, aún en medio de protestas de activistas y expertos legales de que eso desalentaría la cooperación de víctimas y testigos de delitos.
Más vulnerables
En declaraciones a Noticias Telemundo, Emily Gunston, subdirectora de servicios legales del “Washington Lawyers Committee for Civil Rights and Urban Affairs”, dijo que la práctica de ICE “contraviene la seguridad pública” y el derecho a la justicia, porque los inmigrantes, incluyendo testigos y víctimas de delitos “tendrán temor de acudir a un tribunal”, afectando las investigaciones.
“También los hace más vulnerables a prácticas depredadoras, como el robo de salario y otras prácticas de explotación”, y los priva de incentivos para presentar todo tipo de reclamos ante los tribunales, “incluso órdenes de alejamiento por violencia doméstica, quejas laborales o de vivienda”, explicó Gunston.
En la directriz de 2018, la agencia argumentó que no tiene más opción que realizar arrestos en los tribunales por “la falta de voluntad de las jurisdicciones a cooperar con ICE en el traslado de custodia de extranjeros en las cárceles”.
En la actualidad, los agentes de ICE evitan entrar a «sitios sensibles» para sus operaciones contra inmigrantes indocumentados, como iglesias, clínicas, hospitales, guarderías, universidades, colegios y paradas de autobuses escolares, o manifestaciones, salvo en situaciones de “emergencia” o circunstancias extraordinarias.
En el caso de los tribunales, ICE puede efectuar arrestos de pandilleros y personas con condenas criminales u órdenes de deportación, o que en general representan una amenaza para la seguridad pública o nacional, según la directriz en vigor.
Un funcionario de ICE, que pidió el anonimato, dijo a Noticias Telemundo que sus agentes toman precauciones “al perseguir a criminales extranjeros”, y la falta de cooperación de agencias locales pone en riesgo la seguridad pública.
“Los tribunales son a veces el único sitio donde ICE puede aguardar la llegada de un fugitivo extranjero… cuando los agentes intentan realizar un arresto en un tribunal, toman medidas para arrestar a la persona en un lugr seguro, fuera de la vista del público, pero no siempre es posible”, agregó.
Respecto a la directriz de enero de 2018, el funcionario dijo que si hay otros inmigrantes con órdenes de deportación en un tribunal, cuando los agentes de ICE buscan a otra persona, éstos no están sujetos a arresto a menos que sea una amenaza para la seguridad pública o interfiera con las acciones policiales.
Además, en general, los agentes evitan tribunales y sitios aledaños para casos no criminales, y procuran, hasta donde es posible, hacer arrestos migratorios en áreas de los tribunales cerradas al público, puntualizó.
La Asociación de la Barra Estadounidense (ABA, por su sigla en inglés), aprobó una resolución que urgió incluir a los tribunales en la lista de “sitios sensibles”, pero no parece que ICE cambiará de política.
Fuente:Telemundo