Por mandato de la Suprema Corte de Justicia, el Congreso mexicano debe regular el uso personal adulto de la marihuana. Sin embargo, no ha logrado articular un proyecto que satisfaga a los usuarios, los empresarios y los cultivadores.
En noviembre del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la prohibición del uso personal del cannabis es inconstitucional porque atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. A partir de ese momento, la Corte mexicana ha fallado en el mismo sentido en cuatro casos más, con lo que obligó al Congreso del país norteamericano a modificar varios artículos de la ley general de salud y abrió la puerta para la regulación de la producción, comercio y consumo del cannabis.
Dicho mandato de la Corte debía cumplirse antes de que se acabara el mes de octubre. Pero después de numerosos foros, discusiones e iniciativas de ley que surgieron desde todos los espectros políticos, el plazo se venció sin ningún proyecto aprobado. El 24 de octubre la Comisión de Justicia del Senado solicitó a la SCJN una prórroga para sacar adelante la reforma y la Corte se la otorgó, de manera excepcional, hasta el 30 de abril del 2020.
Para Tania Ramírez, directora del programa de Política de Drogas de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), sí hace falta voluntad política para sacar adelante el proyecto. Pero además, señala, ha habido fallas en el proceso. «Sin duda el tema es difícil, pero tienen insumos suficientes para armar una propuesta seria y viable y no la han hecho. Esto de que les ganó el tiempo no es más que una falla de técnica, de organización, de cómo se conduce el proceso legislativo», dijo Ramírez en entrevista con France 24.
Ahora, «la gran pregunta es si los legisladores seguirán trabajando sobre el documento que ya existe o empezarán uno nuevo», le dijo a este medio Zara Snapp, cofundadora del Instituto RIA. Y es que el documento sobre el que ya se venía trabajando fue ampliamente criticado por organizaciones como el Instituto RIA y el MUCD. Según estas asociaciones, el proyecto favorecía a la gran industria sobre los pequeños cultivadores y vulneraba los derechos de los usuarios, quienes piden que se despenalice la posesión de marihuana y se amplíe el auto-cultivo.
¿Una ley hecha a la medida de las grandes empresas?
Poco antes de que se cumpliera el plazo fijado por la Corte para regular el uso del cannabis, el propio coordinador de Morena (el partido del gobierno) en el Senado mexicano, Ricardo Monreal, reconoció que había «presiones indebidas» por parte de la industria y las farmacéuticas para influir en el proyecto de ley y decidió «enfriar la discusión».
Para Ramírez, la influencia del sector empresarial fue muy evidente en el documento que el Senado presentó al público pues «parecía redactado por y para la industria». Y como lo señala la investigadora del MUCD, los grupos de interés no van a desaparecer porque la discusión se enfríe. En juego está la participación en un mercado que estaría cerca de los 1.000 millones de dólares y que tiene el potencial de convertirse en «el más grande del mundo para la marihuana medicinal y recreativa», según declaró Antonio Droghetti, director de Canopy Latam, filial de la canadiense Canopy Growth, en medios locales mexicanos.
Tal como está planteada la actual propuesta de ley, los requisitos en cuanto a cultivo y producción limitarían la participación de los pequeños productores, según han denunciado las asociaciones civiles. Para Snapp, los campesinos, que son los que hoy en día cultivan de manera ilegal, son quienes deben poder «cultivar, transformar y vender la planta y tener las mayores ganancias en este mercado». De acuerdo con la politóloga, ya la ley de cannabis medicinal, aprobada en 2017, privilegió a las empresas extranjeras que pueden vender sus productos en México «con costos muy altos para cualquier familia mexicana». Hasta el momento, esa ley no ha sido reglamentada.
Por su parte, los empresarios tampoco parecen estar contentos con el proyecto de ley actual. Durante un foro internacional sobre cannabis celebrado en Ciudad de México, representantes de la industria pidieron eliminar algunas restricciones para la participación privada. Hacen un llamado para eliminar el tope del 20% de participación de capital extranjero en las licencias para la comercialización de la marihuana y eliminar la cláusula que impide a una misma persona obtener licencias para diferentes fases de la producción de cannabis.
El experimento de la legalización de la marihuana
Para la doctora colombo-canadiense Paola Cubillos, que trabaja en investigación con cannabis medicinal en Colombia, todavía es muy temprano para evaluar el impacto social de la legalización del cannabis en Canadá, que entró en vigor en octubre del 2018. Por ahora, señala Cubillos, lo que se ha observado es que el patrón de consumo en jóvenes, «una de las preocupaciones más grandes que se tenían antes de la legalización», no ha cambiado mucho. El consumo parece haber aumentado más en adultos que utilizan el cannabis con un propósito médico.
En general, como explicó Cubillos para France 24, la legalización tiene como objetivos minimizar los riesgos del consumo, implementar políticas públicas y controlar la calidad de las sustancias que se ofrecen. Además, es una manera de combatir la violencia que genera el mercado negro y de proteger a los jóvenes, que son los más expuestos y vulnerables a la ilegalidad.
Hasta ahora, solo dos países han llevado a cabo la legalización del cannabis, tanto para uso medicinal como recreativo: Uruguay y Canadá. Ninguno de estos comparables con México, ya que son mucho más pequeños en cuanto a población y no tienen problemas de violencia asociada al narcotráfico. «En lo que se basó Canadá para sustentar la legalización es en que los canadienses ya eran de por sí unos consumidores importantes de cannabis y esto no se ha asociado a problemas de salud muy significativos», señaló Cubillos.
En Colombia, un país mucho más cercano a México en cuanto a sus características sociales y parte de la cadena del tráfico de drogas, la legalización del cannabis medicinal, -aprobada en 2016 y reglamentada en 2017-, también se ha demorado en despegar. Pero quizás uno de los mayores problemas es que existe una doble política frente a la marihuana: por una parte, se implementa una política regulada para el cannabis medicinal, y por otra se combate la producción y la comercialización ilegal de uso recreativo. Esto ha ocasionado que la violencia persista y que muchos no hayan pasado a la legalidad.
En palabras de la médica Paola Cubillos, se trata de «una oportunidad que se perdió, porque el espíritu de la legislación era que se le iba a dar cabida a todos esos pequeños cultivadores que vienen de la ilegalidad para contribuir a un mercado legal y eso no se ha materializado de ninguna manera». Los mismos pequeños cultivadores que las asociaciones civiles mexicanas insisten en proteger en una futura ley integral de consumo adulto del cannabis.
Fuente:Frances24