Una demanda entablada el miércoles acusa al gobierno del presidente Donald Trump de impedir que estadounidenses traigan al país a cónyuges o padres extranjeros para que vivan con ellos en Estados Unidos al requerir que estos inmigrantes demuestren que pueden pagar su atención médica antes de que se les otorgue una visa.
Siete ciudadanos estadounidenses y una ONG interpusieron la demanda federal en Portland, Oregon, en torno al requerimiento que está programado a entrar en vigor el domingo. La medida aplica a personas que solicitan una visa de migrante desde el extranjero, y no a quienes ya están dentro del país, y no afecta a solicitantes de asilo, refugiados ni menores de edad.
“El Congreso hace las leyes, el presidente las ejecuta. Este es un intento atroz de sobreseer y revocar la voluntad del Congreso, no sólo en el ámbito migratorio, sino en el sector salud”, dijo Jesse Bless, director de litigio federal en la Asociación Estadounidense de Abogados Migratorios (American Immigration Lawyers Association), que ayudó a interponer la querella.
El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.
La regla es el intento más reciente por parte del gobierno federal para limitar el acceso de migrantes a programas públicos mientras intenta distanciar al país de un sistema migratorio basado en la familia para convertirlo en uno con base en méritos.
Hace unos meses, el gobierno estableció cambios radicales en las regulaciones que negarían “green cards” a los inmigrantes que utilizaran algunos tipos de asistencia pública, sin embargo, dicha medida fue bloqueada por los tribunales.
Según la regla de visado del gobierno, se puede adquirir un seguro requerido de forma individual u obtenerlo de un empleador, y puede ser una cobertura a corto plazo o de cobertura “catastrófica”.
El plan Medicaid no cuenta, y un inmigrante no puede obtener una visa si utiliza los subsidios de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible para adquirir un seguro. El gobierno federal paga esos subsidios.
La demanda busca obtener estatus de colectividad e impedir que la norma entre en vigor.
La regla es un problema para Iris Angelina Castro, ciudadana estadounidense residente de Springfield, Illinois. La exmaestra ha presentado una solicitud para que su esposo, ciudadano dominicano, obtenga una visa de migrante y pueda unírsele en Estados Unidos.
Él ha estado preparando sus documentos para una entrevista consular, pero ahora dudan que sea elegible porque ella renunció a su trabajo debido a que su hijo enfermó y actualmente depende del seguro médico estatal, según la denuncia.
Castro está embarazada del segundo hijo de la pareja y quiere que su esposo esté con ella para el nacimiento de su hija.
Otros denunciantes en la demanda intentan traer a Estados Unidos a cónyuges que viven en México y Alemania. Una mujer intenta traer a sus padres de Nicaragua y no ha podido encontrarles un seguro médico a precio razonable.
“Es una imposibilidad”, dijo Bless. “No se han proporcionado estándares: ‘¿Cuánto dinero necesito tener para demostrar que puedo pagar por mi salud?’”
Fuente: AP