El daño ya está hecho. Es un daño que tiene varios niveles. Primero, los alrededor de dos millones de personas que se quedaron sin luz durante al menos 24 horas en el norte de California el pasado 10 de octubre.
Para los que se llevaron la peor parte, la situación duró tres días. Los medios se llenaron de testimonios de personas buscando un hotel con luz para poder enchufar sus móviles o los aparatos médicos de los que dependen.
El otro daño es las consecuencias políticas que tenga a largo plazo el desastre de la infraestructura eléctrica de la primera economía de Estados Unidos. En palabras del gobernador, Gavin Newsom, en medio de la crisis: “Estamos viendo algo de un nivel que no debería padecer un Estado en el siglo XXI”. Pero el caso es que lo hemos visto.
California no es cualquier Estado. En los últimos cinco años, ha superado en riqueza a Brasil, Rusia, Italia, Francia y, el año pasado empató con el Reino Unido para proclamarse la quinta economía del mundo.
Sus dirigentes además han encontrado en los ataques del presidente Donald Trump un buen punto de apoyo para presumir de políticas progresistas y cifras económicas. Pero los vientos fuertes del desierto, que extreman el peligro de incendio en esta época del año, han venido a dejar en evidencia la fragilidad estructural que han dejado décadas de falta de inversión pública. A veces, se señala a las escuelas. A veces, la intolerable explosión en el número de las personas sin hogar. Este octubre, la infraestructura de la luz.
La expresión “tercer mundo” se ha oído y leído este octubre en California como solo se oye cuando se habla de las personas sin hogar. “No somos un país del tercer mundo”, dijo a la televisión ABC el senador estatal Jerry Hill cuando empezaba la crisis. “No deberíamos tener a 800.000 personas sin luz posiblemente durante cinco días.
Mire la destrucción de la actividad de los negocios, mire la devastación de recursos financieros (los expertos valoraron las posibles pérdidas económicas hasta en 2.500 millones de dólares), y aquellos que son dependientes médicamente y están atados a sus casas”.
Una carta enviada a The Wall Street Journal por un lector de Sacramento utilizaba la misma expresión: “California, como el tercer mundo”, se titulaba. “California, que una vez fue el líder mundial en innovación y la quinta o sexta mayor economía del mundo, se ha convertido en un estado del tercer mundo y ni siquiera puede proveer de servicio eléctrico fiable a millones de residentes (…) Hay que invertir miles de millones para corregir la negligencia, pero PG&E está quebrada. El Estado de tercer mundo continuará, al menos en el futuro cercano”.
Pacific Gas & Electric (PG&E) es la mayor empresa de servicios públicos de Estados Unidos por número de clientes. Provee de electricidad y gas a 16 millones de personas en el centro y norte de California. Sus cables cuelgan por cientos de kilómetros de carreteras y bosques. La fragilidad y la antigüedad de su infraestructura son legendarias. Los cables de esta empresa, sumados a los vientos y la sequedad de esta época, han provocado los dos incendios más mortíferos de este siglo, el de Santa Rosa en 2017 y el de Paradise en 2018. La compañía se ha declarado en quiebra ante la posibilidad de demandas que pueden superar los 30.000 millones en indemnizaciones.
La empresa asegura que ha instalado cientos de estaciones de medición y cámaras de alta definición en su red. El año pasado, sus equipos inspeccionaron 750.000 postes de la luz cerca de zonas con alto riesgo de incendios, según detallaba el San Francisco Chronicle. También está reemplazando esos postes con otros más resistentes al fuego. Llevan 160 kilómetros completados. Pero claramente los esfuerzos son insuficientes y no está caro de dónde van a salir los recursos para hacer más. Entre la información que la empresa ha entregado al juez, dice que solo ha completado un 31% de la renovación de postes.
En el mismo periódico, Mark Toney, director ejecutivo de Utility Reform Network, una asociación de defensa de los consumidores frente a las compañías de servicios, decía que “la gestión de PG&E parece estar fuera de control”. “Están pasando a los consumidores el coste, cuando ya han pagado miles de millones de dólares para prevenir incendios”. Toney abogaba en aquellas declaraciones por permitir la competencia en el mercado de PG&E. La asociación animó a todos los afectados a que demanden a la compañía.
La capacidad de la empresa para ganarse enemigos parece no tener límites. El San Francisco Chronicle descubrió que el día antes de los apagones, entre 10 y 12 directivos se dieron una cena de lujo con 60 grandes clientes de gas en un viñedo de Sonoma. Bill Johnson, el consejero delegado de la empresa, se disculpó públicamente y despidió al responsable.
El miércoles 9 de octubre, en pleno comienzo de los apagones, el gobernador Newsom fue a presentar un programa de inversiones para reconvertir garajes en viviendas. No pudo prácticamente hablar de ello porque le empezaron a preguntar por los apagones. Culpó a “décadas de mala gestión” que impedían hacer apagones selectivos. Newsom vino a decir que no había más remedio, al tiempo que compartía la indignación de la gente.
Al día siguiente de las palabras del gobernador, un pequeño fuego en unos matorrales se convirtió en cuestión de horas en un incendio de unas 3.000 hectáreas que obligó a desalojar a 100.000 personas en Sylmar, al norte de Los Ángeles. El llamado incendio de Saddleridge era muy pequeño para lo que se ha vivido en California en los últimos dos años, pero desató el pánico porque estaba dentro de la ciudad. Se quemaron 75 casas de un barrio de casas prefabricadas. Una persona murió de un ataque al corazón. Todo Los Ángeles olió a quemado durante dos días, lo cual sirvió como siniestro recordatorio de lo que está en juego en esta época del año. El suceso aún está siendo investigado, pero los testigos aseguran que el fuego se originó cerca de una instalación de la luz.
Las consecuencias, como la temporada de incendios, no han terminado y es difícil prever hasta dónde pueden llegar. Para empezar, el flamante nuevo gobernador se ha encontrado con la primera crisis de verdad. Aunque se ha puesto del lado de los consumidores, no ha habido forma de salir de esta con su imagen intacta. Newsom opinó que PG&E debería pagar 100 dólares a cada usuario particular y 250 a cada negocio afectado por los cortes. La semana pasada, pidió públicamente que haya más competencia y que otras empresas empiecen a hacer ofertas por trozos de PG&E
Fuente El pais