Una jueza federal bloqueó temporalmente una parte de una controversial ley de la Florida que pide a las policías locales que crucen fronteras estatales para asistir a agentes de inmigración, pero dejó intacta una cláusula que ordena a las agencias policiales mantener detenidos a inmigrantes indocumentados hasta que las autoridades federales los recojan.
En una orden emitida el lunes —un día antes que la nueva ley entrara en vigor— la jueza federal Beth Bloom dejó sin efecto una pequeña parte de la ley estatal que exige a los policías de la Florida cooperar con las agencias policiales de inmigración, como el ICE. La ley estatal en cuestión —SB 168— mantiene la prohibición de las llamadas ciudades santuario.
La jueza Bloom falló que la policía local no puede transportar a indocumentados a través de fronteras estatales a solicitud de las autoridades federales, afirmando que eso es responsabilidad exclusiva del gobierno federal. Ese fallo puede apelarse.
Sin embargo, el fallo dejó intacta la directriz de que las agencias policiales locales tienen la obligación de retener uno o dos días a indocumentados detenidos por otras razones, hasta que el ICE los pueda recoger.
La jueza citó una ley aprobada por el Congreso que contempla ese tipo de cooperación entre agencias policiales locales y federales, lo que echó por tierra al principal argumento de una demanda presentada por defensores de los indocumentados y la ciudad de South Miami.
“El Congreso indicó claramente que trata de facilitar, no evitar, el tipo de cooperación que la SB 168 ordena”, escribió Bloom.
“Estoy confundido con esto. … Es absurdo”, dijo el alcalde de South Miami, Philip Stoddard, uno de los demandantes en el caso. “Es colocar el cumplimiento de las leyes de inmigración por encima de la seguridad pública”.
Según la ley, las agencias policiales locales tendrán que retener 48 horas adicionales a indocumentados que hayan sido detenidos, hasta que llegue el ICE y los traslade a un centro federal de detención. Los indocumentados que hayan cumplido sus sentencias locales, o hayan pagado la fianza, también serán retenidos dos días más.
La Ciudad de South Miami y varios grupos de defensa de los inmigrantes presentaron en junio la demanda contra el gobernador Ron DeSantis y la procuradora general estatal, Ashley Moody, con la esperanza de detener la ley. Entre los grupos que participaron en la demanda están Florida Immigrant Coalition, Farmworker Association of Florida, WeCount!, Americans for Immigrant Justice, Hope Community Center y QLatinx.
DeSantis firmó la ley en junio, que entró en vigor el 1 de julio, y se hará cumplir a partir de este martes. Los demandantes fueron representados por el Southern Poverty Law Center, el Community Justice Project y la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami.
La ley permite al gobernador y la procuradora general tomar medidas contra funcionarios que no cumplan la ley, incluido sacarlos del cargo.
En una audiencia la semana pasada, Paul Chávez, abogado del Southern Poverty Law Center, alegó que la exigencia de la ley de que la policía haga “su mejor esfuerzo” para ayudar a hacer cumplir las leyes de inmigración era demasiado vaga.
“Los enemigos políticos del gobernador pueden interpretar ‘mejores esfuerzos’ de otra manera”, dijo Chávez. La ambigüedad pudiera abrir un nuevo camino para que el gobernador “saque del cargo a sus enemigos políticos”, alegó Chávez.
“Si yo no cumplo la ley, que tiene cláusulas poco precisas, el gobernador puede sacarme del cargo”, dijo el alcalde Stoddard antes de la audiencia judicial
Pero la jueza Bloom no quedó convencida: “Este tribunal opina que ‘mejores esfuerzos’ es algo lo suficientemente claro”, expresa la orden.
En la demanda, South Miami alegó que la ley estatal está en conflicto con una resolución municipal de 2017 que indica que los funcionarios municipales no “colaborarían” con autoridades de inmigración. El gobierno municipal aprobó la resolución después que la Policía de South Miami participó en actividades de cumplimiento de las leyes de inmigración, algo que la ciudad quería evitar en el futuro.
La jueza Bloom preguntó repetidas veces a James Percival, abogado que representa a la procuradora general de la Florida, qué estatuto federal específico otorga autoridad a agentes policiales locales para detener a alguien solamente sobre la base de una solución de retención federal.
“No lo sé”, dijo Percival la tercera vez, y citó decisiones administrativas que han allanado el camino para uso amplio de las retenciones por 48 horas.
Pero en la orden emitida el lunes, la jueza Bloom citó un estatuto de 1996 que dijo “deja abiertas numerosas vías de cooperación para que los agentes policiales participen en actividades de cumplimiento de las leyes de inmigración junto con agentes federales”.
“Eso significa que si el ICE te dice que tienes que dejarlo todo, las patrullas, la protección de las escuelas, las investigaciones penales, para ponerse a jugar a los indios y los vaqueros con el ICE”, dijo Stoddard.
Para cumplir la nueva ley floridana, las agencias policiales de los 67 condados del estado tienen que firmar acuerdos oficiales con el ICE, en que la entidad federal promete pagar a las agencias locales $50 por retener a cada indocumentado un máximo de dos días. Un grupo de jefes policiales de la Florida fueron los primeros en el país en firmar este tipo de acuerdo con el ICE en 2017. Según la nueva ley, ahora eso es obligatorio.
Esta parte de la nueva ley ha provocado protestas de algunas agencias policiales que opinan que las presionan a firmar acuerdos con el ICE. . Antes que la ley se aprobara, la Policía del Condado Alachua no aceptaba solicitudes del ICE para retener a detenidos, porque opinaba que las solicitudes no cumplían el requisito de “causa probable” para mantener detenido a alguien.
La Policía de Alachua firmó el acuerdo formal con el ICE en junio.
“Pensamos que nos iban a demandar”, dijo Art Forgey, portavoz de la Policía de Alachua, a WLRN en ese momento. “No creo que hubiéremos hecho el acuerdo si el gobernador y la Legislatura no hubieran hecho esto”.
Stoddard dijo que la decisión “no es positiva desde el punto de vista municipal”.
“Tan pronto como la comunidad perciba que la policía local se comporta como agentes del ICE, dejan de comunicarse con ella, y esto aumenta la inseguridad para todos”, dijo. “Ahora habrá todo un grupo de la población que no esté dispuesto a reportar delitos. Ese es ya el caso en muchas comunidades de inmigrantes, y esto empeora la situación”, agregó
Fuente El Nuevo Herald