Las autoridades de Estados Unidos y México revisarán este martes en Washington el acuerdo convenido hace tres meses para frenar el flujo de indocumentados al norte, que disipó la amenaza arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump.
El vicepresidente Mike Pence recibirá en la Casa Blanca a una comitiva encabezada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en una reunión en la que también participará el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, según fuentes de ambos gobiernos.
«Hace 90 días, México acordó intensificar sus esfuerzos para detener la inmigración ilegal a Estados Unidos. Esperamos reunirnos (este martes) con funcionarios del gobierno mexicano para hablar sobre sus esfuerzos recientes y discutir formas en que podemos continuar para hacer más segura la frontera. ¡Todavía hay más trabajo por hacer!», tuiteó Pence el lunes.
Esta es la segunda revisión del acuerdo alcanzado en junio entre los gobiernos de Trump y de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para reducir la migración irregular al norte, en su mayoría de familias de Centroamérica que huyen de la pobreza y la violencia.
A finales de julio, al cumplirse los primeros 45 días, Pompeo agradeció en Ciudad de México a Ebrard los «avances», pero también dijo que «todavía queda mucho por hacer».
«Que México haga más«
Trump, que busca la reelección en 2020 y ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una bandera de su gobierno y de sus campañas proselitistas, volvió a elogiar el lunes el «gran trabajo» de México.
Según cifras oficiales de Estados Unidos divulgadas la víspera, 64.000 personas fueron detenidas o consideradas inadmisibles en la frontera sur en agosto, un 56% menos que las más de 144.000 de mayo, cuando se registró un pico en 13 años que llevó a Trump a amagar con gravar todas las importaciones mexicanas si AMLO no actuaba.
«El gobierno de México ha tomado medidas significativas y sin precedentes para ayudar a frenar el flujo de inmigración ilegal a nuestra frontera», dijo el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Mark Morgan, al destacar en rueda de prensa el despliegue de 15.000 tropas mexicanas en la frontera con Estados Unidos y de 10.000 en el límite con Guatemala.
Sin embargo, agregó: «Necesitamos que México haga más».
Morgan dijo que Estados Unidos sigue «absolutamente» interesado en concretar un «acuerdo de tercer país seguro» con México, y también con otros países de la región, como el que dijo haber finalizado con Guatemala, aunque insistió en no usar ese «coloquialismo» para nombrarlos, sino llamarlos «acuerdos de cooperación».
«Si alguien huye de su país porque siente que está siendo perseguido por una lista de razones legítimas, realmente le conviene solicitar asilo en el primer país que ingresa», sostuvo Morgan. «Ese es muestro plan».
¿Acuerdo de tercer país seguro?
Pero el gobierno de AMLO se ha opuesto tajantemente a un pacto así, por el cual Estados Unidos podría devolver a México a los solicitantes de asilo que no hubieran pedido refugio antes en territorio mexicano.
«No lo aceptaremos», tuiteó Ebrard tras las declaraciones de Morgan.
«Reitero frente a las presiones: México no es ni aceptará ser tercer país seguro, tenemos mandato en ese sentido del presidente de la República y es consenso en el Senado de todas las fuerzas políticas», añadió.
El compromiso entre Washington y México alcanzado el 7 de junio incluye una declaración conjunta hecha pública ese mismo día, y un documento de carácter político, titulado «acuerdo suplementario», conocido una semana después.
El texto adicional, publicado por el gobierno de AMLO el 14 de junio luego de que Trump se jactara de que existía un «acuerdo secreto», parece buscar que México se convierta en un tercer país seguro.
Sin embargo, la cancillería mexicana negó que este documento fuera un «acuerdo bilateral vinculante».
En cumplimiento de los términos de la declaración conjunta, México no sólo desplegó efectivos de la Guardia Nacional en sus fronteras, sino que amplió su política de aceptar que los migrantes que piden asilo en Estados Unidos esperen en territorio mexicano mientras sus casos son procesados, conocida como Protocolo de Protección del Migrante (PPM).
Ebrard desestimó el viernes que la amenaza de aranceles -que hubiera sido un golpe para la economía mexicana, que envía un 80% de sus exportaciones a Estados Unidos-, siga en firme luego de una reducción de las detenciones del 56%.
Y adelantó que México insistirá en su enfoque de combatir la migración irregular con el fomento del desarrollo económico de Centroamérica.
«Urgimos al gobierno de Estados Unidos a respaldar la estrategia de México», dijo.