El gobierno del presidente Donald Trump presentó nuevas reglas que dificultarán que los hijos de algunos inmigrantes que pertenecen al ejército obtengan la ciudadanía estadounidense.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) publicó lineamientos actualizados que aparentemente tienen mayores efectos en los militares que no son estadounidenses, pero que causaron confusión entre abogados y activistas migratorios después que un documento parecía mostrar que los hijos de ciudadanos estadounidenses también resultarían afectados.
La portavoz del Departamento de Defensa, la teniente coronel Carla M. Gleason, dijo en un comunicado que la dependencia trabajó estrechamente con el USCIS y “entiende que el impacto estimado de este cambio en particular es menor”.
“Sin embargo, estamos comprometidos a garantizar que a las familias afectadas se les brinde la información, recursos y apoyo apropiados durante esta transición”, declaró Gleason.
La actualización del manual de políticas es sumamente técnica y contradice partes de un memo de 11 páginas que inicialmente publicó la agencia y en el que se insinuó que se incluía a los ciudadanos estadounidenses entre aquellos cuyos hijos no obtendrían la ciudadanía de manera automática en caso de nacer en el extranjero.
La portavoz de la agencia Meredith Parker dijo a la organización noticiosa militar Task and Report que el cambio en las medidas “explica que no consideraremos a los hijos que viven en el extranjero con sus padres como residentes estadounidenses incluso si sus padres son empleados del gobierno federal o del ejército y están desplegados fuera de Estados Unidos, y como resultado, a esos niños no se les considerará automáticamente como ciudadanos”.
Su jefe, el director interino del USCIS Ken Cuccinelli, restó importancia a los cambios a través de un comunicado en Twitter, en el que indicó que la actualización no le niega la ciudadanía a los hijos de miembros del gobierno y la milicia.
“Esta política empareja el proceso del USCIS con los procedimientos del Departamento de Estado en lo referente a estos niños. Es todo. Punto”.
El cambio en la medida es un nuevo obstáculo colocado por el gobierno de Trump para aquellos que viven ilegalmente en Estados Unidos, señaló el abogado migratorio con sede en Tennessee Martin W. Lester, quien se desempeña en la comisión de asistencia militar de la Asociación de Abogados Migratorios de Estados Unidos.
Parece estar dirigida en contra de los hijos de miembros del ejército que son residentes permanentes legales pero no ciudadanos estadounidenses, pero también podría afectar a ciudadanos en caso de que no puedan demostrar que vivieron en el país durante cierto tiempo. Las personas en tales situaciones tendrían que someterse a un proceso más exhaustivo para obtener la ciudadanía para sus hijos.
“Tomará tiempo, dinero y estrés. Habrá personas cuyos hijos no serán elegibles y eso va a generar un enorme problema”, declaró Lester.
Parker se rehusó a responder en repetidas ocasiones a preguntas de The Associated Press, y únicamente las refirió a la publicación de Cuccinelli en Twitter.
Activistas migratorios han dicho que el gobierno federal ha tratado injustamente a los elementos del ejército que no son ciudadanos estadounidenses. El año pasado, la AP reportó que el ejército dio de baja de manera discreta y súbita a soldados que se enrolaron a través de un programa especial de reclutamiento que prometía otorgar herramientas para la naturalización.