El Gobierno estadounidense está planeando declarar la comisión de tiroteos indiscriminados como un delito capital, es decir, la persona que desee realizar este tipo de actos automáticamente será condenado a la pena de muerte.
Cabe destacar que, la idea está siendo considerada por el Departamento de Justicia tras los tiroteos que este fin de semana dejaron al menos 32 víctimas mortales en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio).
La consideración de una ley que declare específicamente los tiroteos masivos como un crimen capital es una de las propuestas surgidas tras una orden dada este fin de semana por el presidente Donald Trump a sus asesores de buscar soluciones legislativas para abordar los tiroteos indiscriminados que vienen sucediendo.
Según CNN, el presidente Trump, el vicepresidente, Mike Pence; el fiscal general, William Barr, y otros funcionarios pasaron el fin de semana discutiendo iniciativas legales para abordar este problema.
Una de las opciones que atrajo más apoyo fue la idea de establecer una ley que haga que se pida automáticamente la pena de muerte para los responsables de tiroteos indiscriminados, como ya ocurre con las personas que cometen atentados con explosivos.
Otra iniciativa que está bajo consideración es la de redactar una ley federal que permitiría a las fuerzas del orden pedir una orden judicial para confiscar temporalmente las armas que pueda tener una persona que consideren que puede convertirse en un peligro.
Dicha petición podría venir también de los propios familiares de la persona que posee las armas.
La iniciativa fue planteada este fin de semana en un mensaje de Twitter por los senadores Lindsey Graham (republicano) y Richard Blumenthal (demócrata), con el fin de prevenir los tiroteos.
Tanto esta como la iniciativa de pedir la pena capital automáticamente para este tipo de delitos deberá lograr el apoyo de la mayoría de los legisladores en el Congreso federal.
Los líderes demócratas del Congreso también instaron hoy al Senado, dominado por los republicanos, a suspender su actual receso veraniego para aprobar «de inmediato» un proyecto de ley respaldado ya por la Cámara de Representantes que exigiría comprobar los antecedentes penales del comprador en toda venta de armas.
Según los demócratas, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, se ha negado a presentar la propuesta a votación.
El acceso a las armas en Estados Unidos está controlado por leyes federales y su supervisión recae en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Además de las normativas federales, algunos estados y gobiernos locales tienen sus propias regulaciones.
Desde comienzos del siglo XX, el Congreso ha aprobado varias leyes y reformas para limitar el acceso a las armas de fuego, incluidas la National Firearms Act de 1934 para responder al aumento de la delincuencia organizada durante los años de la prohibición.
Cuatro años más tarde, la Federal Firearms Act, impulsada por el Congreso en 1938, obligaba a los vendedores a estar registrados y conservar los nombres y dirección de todos sus compradores.
Tras el magnicidio del presidente Kennedy y el asesinato del activista Martin Luther King, en 1968 se estableció la Gun Control Act, que extendía las limitaciones a los vendedores de armas y ampliaba el número de delitos para prohibir el acceso a las armas.
La última normativa relevante aprobada hasta ahora, la llamada «prohibición de armas de asalto», firmada por el presidente Bill Clinton en 1994, declaraba ilegales la fabricación, posesión e importación de armas semiautomáticas de asalto para uso civil.
Las regulaciones federales de la ley caducaron en 2004, aunque algunos estados mantuvieron las limitaciones para la venta y acceso a este tipo de armas.
Fuente: Noticias24.