La mujer en la línea de sucesión para convertirse en la próxima gobernadora de Puerto Rico ha sido criticada por sus reparos a la hora de afrontar los problemas de la administración del gobernador, Ricardo Rosselló, durante sus casi dos años como máxima responsable de las fuerzas de seguridad en el territorio.
Expertos de la isla señalan que es probable que esas críticas compliquen la tarea de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, para completar el mandato de Rosselló ante un descontento público generalizado hacia el gobernador saliente y algunos de sus colaboradores, tras la filtración de un chat en el que se mofaron de los votantes e hicieron comentarios insultantes sobre mujeres.
Vázquez, una exfiscal de 59 años, tiene una experiencia limitada dirigiendo agencias oficiales, mucho menos todo un gobierno.
La secretaria difundió un comunicado el jueves de madrugada, poco después de que Rosselló anunciara su dimisión.
“Entendemos que es la mejor decisión que pudo tomar, por el bien del país y de su familia”, indicó. “Estaremos trabajando en conjunto para llevar a cabo un proceso de transición ordenado y transparente”.
¿Quién es Wanda Vázquez Garced?
Antes de asumir la secretaría de Justicia en enero de 2017, trabajó como fiscal de distrito durante dos décadas en el Departamento de Justicia de la isla, y en 2010 fue nombrada directora de la Oficina por los Derechos de las Mujeres.
Tras convertirse en secretaria, fue criticada por no ser lo bastante agresiva con investigaciones anticorrupción que afectaban a miembros de su Partido Nuevo Progresista, partidario de convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos y al que también pertenece Rosselló.
Sus detractores también dijeron que Vázquez, que como fiscal gestionó casos de agresiones sexuales y violencia doméstica, no dio prioridad a los casos de violencia de género como secretaria.
Casi dos años después de asumir el cargo, Vázquez se vio inmersa en un conocido caso judicial que le puso en contra a algunos puertorriqueños.
La Oficina de Ética Gubernamental dijo el pasado noviembre que había recibido una queja de posibles infracciones éticas relacionadas con Vázquez, acusada de intervenir en un caso en el que se sospechaba de robo de propiedad del gobierno en una vivienda donde residía la hija de la secretaria de Justicia.
Vázquez compareció ante el tribunal para afrontar cargos que incluyeron dos violaciones de las leyes de ética gubernamental. Un juez determinó en diciembre que no había pruebas suficientes para detenerla.
La exfiscal será la segunda mujer gobernadora de Puerto Rico. Según la constitución de la isla, el primero en la línea de sucesión si el gobernador renuncia al cargo es el secretario de Estado. Sin embargo, el secretario de Estado Luis Rivera Marín, uno de los 12 hombres que participó en la conversación filtrada, renunció el 13 de julio en medio del escándalo.
Poco después de que se filtrara la conversación de 889 páginas, Vázquez emitió un comunicado en el que dijo estar “profundamente afligida y triste” por los comentarios del gobernador y sus colaboradores.
“Reconozco que en la privacidad de una amistad y de una situación en particular se expresen las frustraciones y presiones del día a día de una manera incorrecta”, indicó. “Pero, no puedo dejar de expresar el profundo pesar que toda esta situación me causa como mujer, como madre, como profesional y como ciudadana de esta bella isla”.
Vázquez prometió este mes cooperar con las autoridades estadounidenses en la lucha contra la corrupción y expulsar a todos aquellos acusados de malas prácticas, después de que agentes federales detuvieran a la secretaria de Educación de la isla, Julia Keleher, y a otros miembros del gobierno acusados de corrupción.
Según publica el diario El Nuevo Día de Puerto Rico, Vázquez Garced tendrá un importante oponente como es Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado, «quien consistentemente ha dejado claras sus diferencias con Vázquez Garced».
Este medio asegura que en 2017 Rivera Schatz pidió su renuncia cuando fue señalada por «dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y una al Código Penal luego de una investigación por presunta intervención indebida de su parte en el caso en que su hija y su yerno eran los perjudicados de un robo domiciliario». Pero el caso fue desestimado por falta de pruebas.
Fuente: Diario las Américas