Para nadie es sorpresa que Miami es una de las ciudades menos asequibles del país. Que los salarios no son proporcionales al alza vertiginosa del precio de la vivienda y que urge motivar a la empresa privada para diversificar su oferta y cubrir el alto déficit de apartamentos económicos.
Eso es precisamente lo que el estudio Connect Capital Miami plantea. Una investigación realizada por JP Morgan Chase & Co. que el ayuntamiento de la ciudad parece tomar muy en serio.
“Miami, la Ciudad de Miami, no el condado, necesita al menos 50.000 viviendas asequibles para aliviar esta situación”, confirmó el alcalde Francis Suárez.
“Y ahora mismo”, recalcó, “tenemos planificado crear 12.000 viviendas asequibles. O sea, atender al menos un tercio de la necesidad con los fondos que tenemos y otros que podemos conseguir”.
En este apartado, según el informe de Housing and Community Development, que fue aprobado por la Comisión de Miami a finales de junio, 633 nuevas unidades serían construidas, a un coste de 200 millones de dólares, de los que ocho millones serían aportados por el fondo de 400 millones del Forever Bond Program que fue aprobado en 2017.
El resto del monto para completar las obras, 192,315.869 dólares, serían adjudicados por fuentes de los gobiernos federal, estatal y condal, a través de múltiples fondos públicos.
Por ejemplo, un edificio de cuatro plantas, que contaría con 19 apartamentos, sería construido en una parcela disponible en West Flagler Street y la avenida 52, dentro de los límites del distrito 4 que representa el comisionado Manolo Reyes, a un coste de 4,150.000 de dólares, de los que 850.000 dólares serían sufragados por el ayuntamiento, es decir, los contribuyentes de la ciudad.
El otro lado
No obstante, el comisionado Reyes no parece estar de acuerdo con el proyecto porque “el costo del edificio es muy alto y apenas se destinarían cuatro apartamentos (de los 19) a viviendas asequibles”, declaró el representante municipal.
Esos cuatro apartamentos serían entregados acorde con el índice AMI, del departamento federal de Viviendas y Desarrollo Urbano, fórmula que calcula la elegibilidad de una familia para optar por una vivienda asequible: dos unidades a 30% AMI, entradas de unos 32.000 dólares, y dos unidades a 50% AMI, o sea unos 54.000 dólares de entrada al año.
El resto, 15 apartamentos, serían otorgados a 140% AMI, unos 145.000 dólares de entrada al año.
“Necesitamos proyectos que verdaderamente ayuden a solucionar el problema de la vivienda asequible”, señaló Reyes.
“Por ello propuse, junto al comisionado Joe Carollo, la creación de una autoridad municipal de Viviendas, que se ocupe directamente de este problema, y no a través de un departamento existente que no ha podido aliviar esta situación”, subrayó.
Reyes plantea ampliar las posibilidades de “crear una sociedad con la empresa privada, con el uso de terrenos públicos disponibles”.
En otras palabras, crear convenios de uso del terreno por una cantidad de años sin costo para el urbanizador.
“De esa manera eliminamos el gasto de compra o arrendamiento del terreno al urbanizador y lo estimulamos con un buen ahorro”, argumentó.
A esto, Reyes añadiría un acuerdo con quien administre el inmueble, “que incluya regulaciones sobre el alquiler y asistencia para facilitarle la financiación”.
“Todo eso ha sido muy bien estudiado. No lo he sacado de la nada”, recalcó.
El alcalde Suárez insiste en que las 633 unidades “más 100 que aprobamos anteriormente suman casi las primeras mil de las 12.000 que tenemos planificadas, para construir en mis primeros cuatro años de alcaldía”.
Suárez plantea que cuenta además con otros proyectos de vivienda asequible, que estarían destinados a estimular la construcción de nuevas unidades y que formarían parte del próximo presupuesto por discutir.
“Somos una de las pocas ciudades, tal vez hay una o dos, en la que sus ciudadanos han apostado por imponerse un impuesto temporal adicional para abordar el grave problema de la vivienda”, resaltó el alcalde.
Y es que la ciudad de Miami sufre un serio problema de asequibilidad, tras años de preferencias por pomposas urbanizaciones y altos edificios de lujo que mayormente son adquiridos por acaudalados del exterior.
Serio problema
La media de alquiler en Miami supera los 1.650 dólares al mes, cuando el salario neto promedio por hogar no supera los 3.433 dólares en efectivo al mes.
En otras palabras, los miamenses podrían estar gastando cerca del 48% del salario para pagar un alquiler, lo que los obliga a prescindir de otros gastos, como puede ser mejores alimentos o incluso cuidado médico.
“Es una situación que comenzó hace años”, recordó el alcalde.
“Entonces, cuando yo era comisionado, hicimos modificaciones en la zonificación, ajustes para obtener fondos federales y estatales, además de cambios de ciertas regulaciones, como la aplicación de incentivos para que los urbanizadores tengan en cuenta la vivienda asequible”, enumeró.
En efecto, hay incentivos para los urbanizadores. Por ejemplo, si las viviendas a construirse están destinadas para personas de salario medio, la tarifa de impacto municipal que usualmente se paga (bomberos, policía, parques, administración, calle, basura, alcantarillado y agua) no se abona.
Cuando la construcción está destinada para personas de bajos ingresos, el impuesto de construcción, que podría representar millones, se exime.
“De esta manera, hemos podido crear miles de viviendas pero la demanda crece y es mayor que la capacidad de construirlas”, indicó Suárez.
Fuente: Diario las Américas