Melià, Iberostar y Barceló están a un paso de tener que defenderse en los tribunales de Miami. La próxima semana empiezan a caducar los plazos, unos treinta días, que tenían para presentar alegaciones o llegar a un acuerdo con los demandantes de origen cubano, que les reclaman dinero por enriquecimiento ilícito en sus antiguas propiedades, confiscadas por el gobierno castrista en 1959.
Ana Malave, abogada de origen venezolana es la que coordina las demandas colectivas, aunque todo el bufete está involucrado en el caso. “Nadie de estas empresas nos ha contactado, cuando lo mejor sería que se llegara a un acuerdo y evitar el pleito”, admite Malave.
Las firmas españolas mantienen un silencio total a la espera de los acontecimientos
En la actualidad, Melià gestiona más de treinta hoteles en Cuba; Iberostar, unos veinte, y Barceló, otros tres. ¿A qué se enfrentan en concreto las hoteleras? Podrían verse obligadas a desembolsar un importe llamado “daño triple”, es decir, tres veces el valor actual de la propiedad en la cual llevan a cabo sus negocios. Todavía no se ha hablado de importe a la espera de un peritaje, pero el dinero puede ser considerable. Habrá que ver si el juez se limita a valorar sólo el terreno o incluso los inmuebles que allí se han construido a lo largo de los años. En algunos casos, los demandantes poseen kilómetros de costa en la isla de Cuba, con lo que hay ingentes sumas de dinero en juego.
La base jurídica de la contienda es la entrada en vigor del llamado título III de la ley Helms Burton, una norma que fue aprobada a mitad de los años noventa, con el objetivo de desincentivar las inversiones extranjeras en la isla. Dicho título prevé que los ciudadanos que tenían la nacionalidad estadounidense cuando se aprobó la ley pueden exigir en los tribunales de Estados Unidos compensaciones económicas a aquellas empresas que hicieron negocios sobre los terrenos de su propiedad en Cuba que perdieron, tras la expropiación de la revolución cubana, sin cobrar ni un centavo. Hasta este año, todos los presidentes suspendieron esta parte de la ley. En mayo, Trump, con el objetivo de ahogar el régimen cubano, dijo basta después de más de 30 años.
Aunque las propiedades no son de las compañías privadas y pertenecen al estado cubano, son ellas las que las explotan desde el punto de vista económico. La única condición para interponer la demanda es que estas empresas tengan activos en Estados Unidos. Es la manera que hay de asegurarse de que los demandantes puedan valerse con algo, ya que el Estado cubano en todo caso no está en condiciones de pagar. Es decir, en el caso de que se les reconozcan sus derechos, podrían ejercer alguna acción sobre las propiedades que tienen, por ejemplo, las hoteleras españolas en suelo norteamericano. También se exige a los demandantes un pago de 6.500 dólares antes de iniciar el pleito, para evitar colapsos en los juzgados.
Según estimaciones oficiales estadounidenses, podría haber más de 6.000 personas con derecho a reclamar indemnizaciones a Cuba, estimadas en 8.500 millones de dólares. “Es un juicio largo y que no tiene antecedentes”, admite Malave. La citada ley dice que los demandantes pueden cobrar a las empresas por el uso, con lo que no sólo se trata de recuperar las ganancias indebidas de las últimas décadas, sino que hay que discutir de las futuras, si las empresas quieren seguir operando.