La agencia de investigaciones federales (FBI) se encuentra realizando investigaciones a grandes empresas como Johnson & Johnson, Siemens, General Electric y Philips por supuestamente pagar sobornos en un negocio relacionado a la venta de equipos médicos en Brasil. Las autoridades brasileñas sospechan que las firmas tienen un »cartel» con el cual canalizan pagos ilegales a funcionarios del gobierno.
Las autoridades brasileñas dicen que más de 20 compañías pueden haber sido parte de un «cartel» que pagó sobornos y cobró al gobierno precios inflados por equipos médicos, como máquinas de diagnóstico por imágenes, resonancia magnética y prótesis. Las cuatro multinacionales, con una capitalización de mercado que sumada roza los 600 mil millones de dóalres al cierre del mercado del jueves, son las empresas extranjeras más grandes investigadas en un caso sin precedentes contra la corrupción en Brasil en los últimos años.
Según la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA), las grandes empresas estadounidenses y europeas que cometieron irregularidades en Brasil también podrían enfrentar fuertes multas y otros castigos. Desde 1977, esa ley ha prohibido que los ciudadanos estadounidenses, las compañías estadounidenses o las compañías extranjeras cuyos activos cotizan en los Estados Unidos que paguen a los funcionarios extranjeros para que hagan negocios.
Las empresas extranjeras son los últimos objetivos de las investigaciones de corrupción del gobierno en Brasil, que en los últimos cinco años se ha visto conmocionado por revelaciones sobre corrupción generalizada en instituciones estatales y empresas del sector privado que buscan hacer negocios con ellos.
Las extensas investigaciones de los fiscales y la policía federal, incluida la famosa redada «Operación Lava Jato» centrada en la petrolera estatal brasileña Petrobras, ha conmocionado al sistema político de varios países de América Latina al mismo tiempo que sacudió a la conducción de muchas grandes empresas del continente.
Philips, con sede en Ámsterdam, confirmó en un correo electrónico que está bajo investigación en Brasil. En su informe anual de 2018, Philips reconoció que «también ha recibido consultas de ciertas autoridades de los EEUU con respecto a este asunto».
En su respuesta enviada por correo electrónico a Reuters, Philips dijo que «no es raro que las autoridades de los EEUU muestren interés en estos asuntos y es demasiado pronto para sacar conclusiones».
Johnson & Johnson, con sede en New Brunswick, Nueva Jersey, dijo en una respuesta enviada por correo electrónico que el Departamento de Justicia y la SEC «han realizado consultas preliminares a la compañía» en relación con una redada de la policía federal brasileña en sus oficinas de San Pablo el año pasado, y que la firma está cooperando.
La fiscal brasileña Ferrari dijo que la investigación sobre venta de equipo médico estaba en sus primeras etapas. Aun así, dijo que la evidencia apunta a sobornos generalizados y al alza de precios por parte de las empresas que buscan aprovechar el sistema de salud público de Brasil, uno de los más grandes del mundo, que atiende a 210 millones de personas.
«Debido a que el presupuesto de salud del gobierno brasileño es tan grande, este esquema es verdaderamente masivo», dijo Ferrari. «Este primer caso es solo una pequeña parte de lo que está por venir».
Además de pagar sobornos a través de intermediarios para asegurar contratos, algunos proveedores cobraron precios inflados del gobierno de Brasil, hasta ocho veces más que el precio de mercado, para ayudar a cubrir el costo de sus sobornos, de acuerdo con los documentos presentados ante los tribunales y el testimonio de un arrepentido ante los fiscales.
Fuente: Infobae.