El albergue para menores migrantes no acompañados de Homestead ha estado rodeado de secreto y controversia desde que fue reactivado en febrero de 2018. A legisladores opuestos a las políticas de inmigración del presidente Donald Trump les han impedido entrar. Y como la instalación está en terrenos federales, la agencia de bienestar social infantil de la Florida no puede investigar alegaciones de abuso.
Pero en vez de cerrarlo, como han exigido activistas, el gobierno federal entregó a la empresa operadora, Comprehensive Health Services (CHS), un nuevo contrato por valor de $341 millones. y no hubo licitación, todo se hizo muy calladamente.
Cuando el contrato venza en noviembre, el más reciente de varios acuerdos a corto plazo, CHS habrá ingresado más de $500 millones por albergar a menores inmigrantes solos, cifra que enfurece a los críticos, mientras que sus defensores dicen que está justificado por la llegada descontrolada de inmigrantes en la frontera con México. El costo total pudiera aumentar porque los pagos suben si el número de menores aumenta, como se espera que suceda.
Hasta el mes pasado, el costo por menor representa unos $775 diarios, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), una entidad federal.
“El escéptico que llevo dentro piensa que todo puede haber sucedido de manera callada y así se evitó que se notara un acuerdo de $500 millones”, dijo del nuevo contrato Scott Amey, asesor jurídico de la organización Project on Government Oversight. Amey dirige investigaciones de supervisión de contratos en este grupo con sede en Washington DC, incluidas revisiones del gasto federal en productos y servicios.
Fuente: El Nuevo Herald