El juez federal Stanley Bastian se inclinó a favor de la solicitud hecha por el fiscal del estado de Washington, Bob Ferguson, quien se refirió a la ley como «una nociva norma que habría afectado gravemente el acceso a mujeres a servicios de atención médica», según recogen medios locales.
La norma, prevista que entrara en vigor el próximo 3 de mayo, establece que los centros de planificación deben tener una «clara separación física y financiera» entre los servicios de salud subvencionados por el Gobierno y los que ofrecen para abortos, financiados de forma independiente.
La norma afecta directamente a Planned Parenthood, el mayor grupo de planificación familiar de EEUU y que, sin ánimo de lucro, ofrece asesoramiento sobre anticonceptivos, tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, pruebas para la detección del cáncer y practica abortos.
En términos más amplios, la norma afecta al fondo federal conocido como «Título X», que actualmente cuenta con un presupuesto anual de 260 millones de dólares al año y da servicios a cuatro millones de pacientes en 4.000 clínicas de todo Estados Unidos.
«La decisión de hoy garantiza que las clínicas de todo el país puedan permanecer abiertas y seguir brindando atención médica imparcial y de calidad a las mujeres», dijo Ferguson en declaraciones recogidas en un comunicado.
«(La ley) habría puesto en peligro el acceso de la atención médica a las mujeres en todo el país», añadió.
Los contrarios a la norma, considerada un gesto del presidente de EEUU, Donald Trump, hacia su base electoral más conservadora, la calificaban como una «norma de mordaza».
«Washington está ahora 21-0 contra la administración de Trump», dijo Ferguson, que no ha perdido ninguno de los 21 casos presentados desde el estado de Washington contra la Administración federal.
Fuente: Diario las Américas