El Gobierno de EEUU respaldó los esfuerzos del Gobierno colombiano para que el nuevo tribunal de crímenes de guerra en ese país funcione dentro de los términos del acuerdo de paz de 2016, el cual puso fin a un largo conflicto civil con miles de muertos, dijo el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Robert Palladino.
«Estados Unidos aplaude los esfuerzos del Gobierno colombiano para garantizar que la ley que implementa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cumpla con el Acuerdo de Paz de 2016 y la Constitución de Colombia», dijo Palladino en un comunicado.
Estados Unidos también respalda las acciones que aseguran que aquellos que han cometido delitos graves después de la firma del Acuerdo de Paz sean considerados responsables en toda la extensión de la ley, enfatizó Palladino.»Estados Unidos reafirma la importancia de que Colombia apruebe de manera expedita un estatuto para implementar la JEP para garantizar que tenga un marco legal sólido que le permita operar de manera efectiva e independiente», agregó.
El funcionario dijo también que EEUU apoya los esfuerzos para garantizar que los responsables reciban sentencias proporcionales a sus crímenes, ya sea que hayan sido parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o agentes estatales.
La ley estatutaria del tribunal de paz es la norma que establece mecanismos claros a la JEP para que haga seguimiento a los casos relacionados con el conflicto armado y pueda evaluar si los comparecientes aportan a la verdad plena, a la reparación de las víctimas y ofrecen garantías de no repetición.
En la noche del 10 de marzo, Duque anunció que su Gobierno objetó seis artículos de los 159 que componen la ley.El jefe de Estado colombiano indicó que las objeciones buscan que el Congreso evalúe los seis artículos, de modo tal que el país cuente con una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del conflicto armado.
El anuncio de Duque implica que la ley estatutaria sea revisada de nuevo por el Congreso, lo que retrasará aún más su implementación, pese a que la Corte Constitucional ya le dio su aval en 2018.
CORTESÍA:SPUTNIK