El pleno de la Cámara de Diputados de 500 asientos aprobó por abrumadora mayoría una reforma de 10 artículos de la Constitución para crear una Guardia Nacional integrada por militares con mando civil de la secretaría de Seguridad Pública, informó la Cámara Baja.
«Con 463 votos a favor y uno en contra aprobamos el dictamen que reforma la Constitución, en materia de Guardia Nacional», informó la oficina de prensa del Palacio Legislativo de San Lázaro.
El dictamen para reformar 10 artículos de la Constitución que ya había recibido media sanción en la Cámara de Senadores por unanimidad, «se envió a los (32) congresos locales para continuar su trámite legislativo».
La ley establece que requiere que la mayoría de los congresos de los estados de la federación mexicana apruebe el dictamen para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda promulgar la ley tras más de dos meses de cabildeo en el Poder Legislativo.
Para dar paso a su promulgación, el dictamen deberá recibir la aprobación de 17 Congresos locales.
En enero pasado, los diputados oficialistas y algunos aliados habían aprobado un dictamen pero la Cámara de Senadores lo modificó para establecer un límite de cinco años para que los militares cumplan tareas de seguridad pública, hasta 2023, y que la nueva corporación de 50.000 policías federales, militares y navales quede bajo la jurisdicción de la Defensa sino de la cartera de Seguridad Pública.Por esa razón el dictamen regresó a una nueva votación en la Cámara de diputados, pero luego del apoyo unánime de todos los partidos alcanzado la semana pasada, la votación del 28 de febrero fue casi un trámite de rutina.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de los diputados, Mario Delgado, celebró que los partidos acordaron aprobar el dictamen de inmediato para agilizar el proceso legislativo.
El nuevo dictamen deja intacto el artículo 13 de la Constitución, elimina la posibilidad de que la Guardia Nacional cuente con fuero militar, al ser constituida como «una institución plenamente civil», y tampoco crea la figura de la «Junta de jefes de Estado», que estaría compuesta por elementos de las secretarías de Seguridad, Defensa y Marina.
En su lugar, se propone una coordinación operativa interinstitucional en condiciones de igualdad entre los mandos de las corporaciones.
Además, los gobernadores de las entidades de la federación mexicana deberán presentar anualmente un informe sobre el avance de las tareas realizadas al Senado, sobre la profesionalización de las policías municipales y estatales.
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