El Gobierno y la oposición de Nicaragua vuelven a la mesa de diálogo, de nuevo a puertas cerradas, tras definir la hoja de ruta que regirá las negociaciones para superar la actual crisis política y económica en esa nación centroamericana.
El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (izquierda) y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), se encontrarán en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas con la supervisión de la Iglesia Católica nicaragüense.
El 27 de febrero, cuando iniciaron las conversaciones, fueron aprobados 9 de los 12 puntos propuestos para normar el diálogo, según un comunicado leído por el nuncio apostólico Waldemar Sommertag, testigo del proceso junto al cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.»En esta primera sesión se trabajó en la aprobación de la hoja de ruta, que constituye la normativa del funcionamiento de la negociación; de la propuesta inicial de 12 puntos se logró la aprobación de 9″, leyó Sommertag.
Las partes no revelaron qué puntos fueron aprobados y cuáles desechados en la reanudación del Diálogo Nacional, anunciado la semana pasada por el presidente Daniel Ortega, y saludado por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«La CIDH saluda la primera jornada de Diálogo en Nicaragua y recuerda la importancia que en este proceso deben tener el acceso a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para la sociedad nicaragüense y, especialmente, para las víctimas», publicó la entidad en su cuenta de Twitter.
El Gobierno está representado por el canciller Denis Moncada, el juez Francisco Rosales, los diputados Edwin Castro, Wilfredo Navarro y José Figueroa, y Luis Andino, presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua.
Por su parte, la oposición participa con los empresarios José Adán Aguerri, Mario Arana y Juan Sebastián Chamorro, el catedrático Carlos Tunnermann, el político José Pallais y el estudiante Max Jerez.Horas antes del restablecimiento de las conversaciones, el Ministerio de Gobernación liberó a 100 personas encarceladas por delitos contra «la seguridad común y la tranquilidad pública», beneficiados ahora con el sistema de convivencia familiar u otras medidas cautelares.
La oposición califica a los liberados como «presos políticos», pero el Gobierno rechaza tal etiqueta y explica que esos individuos fueron condenados por su papel en los actos violentos que dejaron casi 200 muertos y pérdidas económicas superiores a los 1.000 millones de dólares, según cifras oficiales.
Nicaragua vive una crisis política y social desde mediados de abril pasado, cuando una reforma al sistema del Seguro Social desató violentas protestas contra la Administración de Ortega, acompañadas por actos que el Gobierno tildó de «terroristas».Entonces fue convocado un Diálogo Nacional auspiciado por la Iglesia Católica, que suspendió las conversaciones en junio pasado, en medio de acusaciones y la falta de consenso entre ambas partes.
El pasado 17 de febrero, el Gobierno acordó con líderes del empresariado local iniciar una negociación enfocada en el bien común de esa nación centroamericana, con el auspicio de la Iglesia Católica.
cortesía:Sputnik