Un llamado a la comunidad internacional para declarar la invalidez del proceso de reforma constitucional y desconocer los resultados que entregue el oficialismo del referendo efectuado el domingo en la isla de Cuba, hicieron organizaciones del exilio cubano y de la oposición interna durante un acto celebrado este lunes en Miami.
Asimismo, en la declaración que dio a conocer a la prensa la coordinadora del proyecto Cuba Decide, Rosa María Payá, se pide “denunciar la ilegitimidad de la nueva Constitución que se pretende imponer en Cuba, y, en consecuencia, reconocer la ilegitimidad del régimen en el poder y sus representantes”.
Acorde con el manifiesto, la jornada del 24 de febrero estuvo marcada por la prohibición de una campaña opositora, el fraude, la falta de transparencia y la violencia verbal y física contra los miembros de la sociedad civil, hechos que se atribuyen a las “fuerzas represivas de Cuba y en muchos casos también a las autoridades electorales”, de acuerdo con el texto.
Según Payá, en el marco de las votaciones en la isla se produjeron al menos 100 detenciones para impedir la observación del proceso de escrutinio. “Pero también impidieron la votación, de los cuales 77 pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y varios de ellos se encontraban con paradero desconocido hasta la noche anterior”, afirmó.
Entre las irregularidades denunciadas por las organizaciones cubanas en el exilio destaca, además, la ocurrencia de hechos de violencia física “en los que tropas especiales y agentes de la Seguridad del Estado (G2) golpearon a ciudadanos indefensos en el momento de dirigirse a los colegios electorales”.
En ese mismo sentido, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, en comunicación con quienes se encontraban en el acto de lectura de la declaración en Cuba Ocho Museum, aseguró que “varios miembros” de esa agrupación fueron golpeados “cuando iban rumbo a los colegios, otros saliendo de sus casas y otros más afuera de los colegios electorales”.
De acuerdo con el manifiesto, durante la consulta se registraron actos de repudio, persecución y advertencias ejercidas directamente por agentes de la dictadura y restricción a la movilidad de los activistas que promovieron el voto por el NO, en la nación insular.
De igual forma, se denunció la ausencia de condiciones para ejercer el voto secreto, la colocación única de propaganda oficialista a favor del SÍ en los mismos colegios electorales y la prohibición del voto a un número de ciudadanos cubanos residentes en la isla.
Entretanto, al menos 14 allanamientos a viviendas de opositores fueron denunciados por Payá, a lo que se sumó la declaración que hiciera el activista Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, quien también participó en el evento. “En el caso de nuestra organización, uno de nuestros miembros fue golpeado brutalmente cuando iba saliendo de su casa en La Habana”.
Por su parte, el alcalde de Miami, Francis Suárez, calificó el referendo realizado por el régimen como un proceso “fraudulento”, cuyo único fin es tratar de legitimar al castrismo en el poder, y una “nueva cortina de humo” para mostrarle a la comunidad internacional “algo que no existe, y es la democracia y la libertad”.
Acorde con las palabras de Suárez, algunas cifras extraoficiales indican que las votaciones por el referendo constitucional tuvieron “muy baja participación”. Al respecto sostuvo que “ha sido 20% menos frente a la última vez que ellos [el régimen] trataron de pasar una Constitución, en 1997”.
Acotó que “esto solo se hizo para legitimar el sistema comunista que es una ideología que no ha funcionado a nivel internacional, que solo ha garantizado la pobreza para la población y el robo de las riquezas para acumularla en manos de muy pocos”.
Fuente: Diario las Américas