El Senado de Florida tiene 650 proyectos de ley y la Cámara de Representantes 2.686, a lo que muchos se preguntan si 40 senadores y 120 representantes pueden despachar en 60 días de sesiones legislativas ese descomunal número de propuestas legales.
Por supuesto que no, ya que no todas esas ideas logran llegar a los 13 comités, los 24 subcomités de la Cámara, así como a los 19 comités y cinco subcomités del Senado. Además, no todo empieza el próximo cinco de marzo.
En realidad, los legisladores floridanos empezaron a reunirse desde el mes de diciembre pasado, y esta semana de febrero (del 18 al 22) será la última jornada de sesiones antes de que empiecen las reuniones regulares del parlamento que se acabarán, en teoría, el tres de mayo. Cuando es en año electoral, las sesiones previas empiezan en enero.
Un proyecto de ley
Durante todo ese tiempo se han discutido varios proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, fue una nueva versión de la prohibición de las “ciudades (o jurisdicciones) santuario”, aprobada por el comité judicial del senado 4-2, con una votación estrictamente partidista.
En ella se establece que las entidades estatales, gobiernos locales y autoridades de policía deben cumplir y apoyar el respeto a las leyes federales relacionadas con inmigración.
Por lo tanto, todas esas agencias tendrían que dar cumplimiento a los “immigration detainers”, es decir, el pedido de una autoridad migratoria federal (ICE, la Policía migratoria) a una local para que ésta entregue a un indocumentado contra quien habría una “causa probable “ de que la persona detenida es un “ilegal” que podría ser deportado.
El Condado Miami-Dade en algún momento, durante la pasada administración de Barack Obama, fue calificado como una “jurisdicción santuario” porque el Condado le cobraba al Gobierno federal los días de más que estuviera retenido un indocumentado mientras pasaba a estar en poder de ICE.
Muchos de ellos eran puestos en libertad 48 horas después de ser detenidos, si las autoridades federales de inmigración no los pedían.
Con la iniciativa legislativa propuesta por el senador republicano de Sarasota Joe Gruters, un condado como Miami-Dade ya no podría ser visto como una “ciudad santuario” porque le daría autoridad a la comisión de adoptar una ordenanza para recuperar los costos de cumplir esos “immigration detainers”.
Dentro de la pesada maquinaria legislativa de Tallahassee, este proyecto de ley tendrá que pasar por otros dos comités, después a la plenaria del Senado. Si hay un proyecto similar en la Cámara, pasa por tres comités de esa célula legislativa. Si no hay una versión “gemela”, en esa corporación, el proyecto muere.
Pero si existe, debe hacer el recorrido por tres comités, y en cualquiera de ellos puede fracasar. Si logra ser aprobado, llega a la plenaria de la Cámara y de allí habrá una conciliación con la iniciativa aprobada por el Senado.
Y al final pasa a la firma del gobernador.
El asunto es que tanto el liderazgo de la Cámara como del Senado, de mayoría republicana, deciden qué proyecto va a las comisiones y cuáles no.
Se verá si este año, por ejemplo, llevan a debate en dichas comisiones las licencias de conducir para indocumentados. Todo depende de la voluntad política que exista para presentar ese tipo de iniciativas.
El presupuesto
Como se ha visto en pasadas sesiones legislativas, las duras discusiones sobre el presupuesto se comen gran parte del tiempo de las reuniones ordinarias. Para este año, la propuesta del gobernador Ron DeSantis es de más de 92.000 millones de dólares, una cifra histórica.
Las tres grandes tajadas de ese presupuesto se las llevan educación, salud y el medio ambiente. Qué proyectos, con qué objetivos y cómo se destinarán esos recursos, con seguridad serán los debates más intensos.
Cada célula legislativa tiene sus propias normas. Y cada presidente de la Cámara, durante su tiempo de gestión, establece sus propias reglas del juego. Por lo tanto, lo que vemos como producto final, y los debates más intensos, no son sino la punta de un denso y profundo iceberg: la mecánica parlamentaria y la manera como cada proyecto de ley determina el número de votos que se requiere para que esa iniciativa sea aprobada.