Estas amenazas falsas interrumpen el ambiente educativo de las escuelas e interfieren con la habilidad de los policías de proteger las escuelas de los verdaderos peligros; desperdician los recursos de las autoridades; cuestan fondos de los contribuyentes y aumentan los niveles del estrés, ansiedad y ausentismo.
“Los arrestos recientes de estudiantes por hacer amenazas falsas en los medios sociales, muestran claramente que el distrito escolar M-DCPS tiene una política de tolerancia cero en lo que se relaciona a este tipo de actividad”, dijo el Superintendente de Escuelas Alberto M. Carvalho. “Los padres y estudiantes deben comprender que cualquier – amenaza falsa o inventada – a las escuelas y estudiantes es un asunto de seriedad. No es aceptable y todos los que se envuelvan en este tipo de actividad serán acusados. Amenazas falsas hechas en contra de una escuela van en contra del trabajo de protección del cumplimiento de la ley y compromete la seguridad de todos”.
Esta semana, el Sur de la Florida recuerda las vidas de las personas que fallecieron en la tragedia de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School hace un año, los distritos escolares están implorando a los padres que conversen con sus hijos sobre la seriedad de las comunicaciones escritas y verbales y las consecuencias que pueden resultar de la conducta irresponsable y posiblemente criminal.
“La seguridad escolar es nuestra prioridad primordial”, dijo el Jefe de Policías de las Escuelas de Miami-Dade Edwin López. “Nuestra fuerza policial investigará cada amenaza, inclusive las amenazas que resultan ser bromas. Los padres de familia, estudiantes y familias deben comprender que una falsa amenaza contra una escuela o espacio público es considerada un delito federal y puede resultar en el arresto y un antecedente de delito grave. Las amenazas falsas no valen su futuro, ni tampoco su libertad”.
Obviamente, los arrestos tienen un impacto duradero en el futuro de los estudiantes. Un cargo federal puede ser incluido, lo cual conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión. Incluso si los cargos federales no aplican, se podrán considerar cargos estatales.
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