Una propuesta de ley estatal de la Florida trata de revivir el concepto anti santuario, que obligaría a los gobiernos locales a informar a Inmigración (ICE) sobre detenidos que no posean documentación que los acredite como residentes legales.
Esto significa que si una persona es detenida por una infracción de tráfico o el incumplimiento de alguna ley y no prueba su estatus legal en el país, sería remitida a ICE para analizar su caso y ser procesado.
La propuesta de ley, encabezada por el senador estatal republicano de Sarasota Joe Gruters, plantea que los funcionarios públicos, policías o detectives que no informen a la autoridad federal podrían ser suspendidos e incluso destituidos.
De hecho, esta propuesta de ley, que tiene por nombre Rule of Law Adherence Act, o Ley de Adherencia al Estado de Derecho, será discutida en Tallahassee durante la sesión legislativa que comienza el 5 de marzo, cumple con la solicitud de la Casa Blanca a ciudades que no cooperan con Inmigración de “cooperar para evitar la suspensión de ayudas federales”.
Ésta es la misma solicitud que el alcalde condal de Miami-Dade, Carlos Giménez, tuvo en cuenta y transmitió a funcionarios públicos, policías o detectives hace apenas un par de años y que tanta controversia ocasionó en la opinión pública hispana del condado.
En el caso de la Florida, “la solicitud intimidante de la Casa Blanca no procede, ya que fue echa a ciudades y condados”, declaró el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates.
Sin embargo, el estado podría adoptar la “sugerencia” si la propuesta de ley es finalmente aprobada y validada por el gobernador Ron DeSantis.
Entre tanto, el senador republicano estatal, por la localidad de Longwood, David Simmons argumentó, según publicó el periódico Orlando Sentinel, que la propuesta será presentada primero al comité judicial del Senado estatal el 11 de febrero.
Entonces, esa audiencia “será el inicio del debate” sobre cómo el estado podría cambiar su posición respecto a la manera “que trabaja” con la fuerza de Inmigración.
“De lo contrario, no le hacemos un favor a nadie irrespetando leyes que son lógicas, y tampoco hacemos bien si no llegamos a un acuerdo sobre cuestiones más amplias (de inmigración)”, añadió el senador estatal.
El proyecto de ley también prohíbe a los gobiernos locales adoptar políticas que impidan que los organismos encargados de hacer cumplir la ley realicen «investigaciones sobre el estado de inmigración”.
E igualmente prohíbe restringir el intercambio de información entre el Servicio de Inmigración y Aduanas y la policía local.
Por otra parte, si es aprobada, obligaría a todo el personal de las cárceles de la Florida a informar a ICE, tal como sucede hoy en Miami-Dade.
No obstante, varios grupos comunitarios, incluyendo la organización The American Civil Liberties Union, han anunciado que enfrentarán la propuesta y llevarán el asunto al tribunal correspondiente.