El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación sobre el papel de Alexander Acosta, ex fiscal federal y ahora secretario del Trabajo, en la negociación de un controversial acuerdo de cargos con un adinerado inversionista de Nueva York acusado de abusar sexualmente de más de 100 niñas en Palm Beach.
La pesquisa es en respuesta a una solicitud del senador Ben Sasse, republicano por Nebraska y miembro de la Comisión Judicial del Senado, después de una serie de reportajes sobre el caso publicadas en un medio de comunicación. Los reportajes detallaron como Acosta, entonces fiscal federal del sur de la Florida, y otros abogados del Departamento de Justicia, trabajaron de cerca con los abogados defensores de Epstein para una negociación de cargos poco estricta al multimillonario Jeffrey Epstein en el 2008.
La serie de tres partes del Herald fue citada por el secretario adjunto de Justicia, Stephen E. Boyd, en su carta a Sasse. La Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) del Departamento de Justicia se hará cargo de la investigación, dijo.
“La OPR ha abierto una investigación de las alegaciones de que abogados del Departamento de Justicia pueden haber infringido las normas en la manera en que se trató el caso penal de Epstein”, escribió Boyd en la carta, con fecha del 6 de febrero del 2019.
Acosta, de 50 años, era considerado una estrella en ascenso del Partido Republicano y en una ocasión se mencionó como candidato a reemplazar el entonces secretario de Justicia Jeff Sessions. Acosta no respondió a una solicitud de declaraciones enviada por correo electrónico a su despacho este miércoles.
Sasse y la representante federal Debbie Wasserman Schultz, demócrata de Sunrise, han presionado para el Departamento de Justicia investigue si en el caso hubo influencia indebida.
“Jeffrey Epstein es un violador de menores y no hay un solo padre o madre en el país que no haya quedado horrorizado por el hecho de que recibió una sentencia patéticamente ligera”, dijo Sasse el miércoles. “Las víctimas de tráfico sexual de Epstein merecen esta investigación, al igual que el pueblo estadounidense y las agencias policiales que trabajan duro para encerrar a este tipo de monstruos”.
Michael Reiter, ex jefe de la Policía de Palm Beach —quien presionó a Acosta y al entonces fiscal estatal de Palm Beach, Barry Krischer, para que enjuiciaran más agresivamente a Epstein— dijo que le gustaría ver que las víctimas de Epstein finalmente recibieran alguna justicia.
“Espero que la investigación del Departamento de Justicia responsa a las preguntas de por qué la fiscalía federal manejó las cosas como lo hizo, y quizás de alguna manera lleve a justicia y una disculpa del gobierno a las víctimas y sus familias”, dijo Reiter.
El caso ha planteado interrogantes fundamentalaes sobre si personas acaudaladas y con buenas relaciones influyen sobre los fiscales y otros en el sistema judicial. Epstein tenía un amplio círculo de amigos poderosos, entre ellos Bill Clinton, el presidente Donald Trump, el príncipe Andrés, el abogado Alan Dershowitz y el ex primer ministro israelí Ehud Barak.
“Me emociona que finalmente alguien está escuchando lo que tenemos que decir. Espero que, si Dios quiere, algo suceda, que investiguen y hagan algo”, dijo Jena-Lisa Jones, de quien Epstein abusó cuando ella tenía 14 años.
La ex fiscal federal Mimi Rocah dijo que el anuncio del Departamento de Justicia es un primer paso, pero que quizás no sea suficiente.
La Oficina de Responsabilidad Profesional es conocida por guardar secreto sobre sus pesquisas, dijo. Pero como Sasse y otros legisladores pidieron la investigación, el Departamento de Justicia quizás se vea presionado a ser más transparente sobre las conclusiones de la investigación.
El entonces fiscal federal Acosta aceptó sellar el acuerdo de negociación de cargos y evitar que las víctimas de Epstein tuvieran acceso, para que no trataran de descarrilarlo antes de ser sentenciado, concluyó.
El acuerdo en cuestión contemplaba que Epstein cumpliera 18 meses en la prisión del Condado Palm Beach y se inscribiera como agresor sexual. Pero tuvo acceso a un régimen carcelario con privilegios como poder salir a trabajar todos los días en una oficina en West Palm Beach, donde pasaba hasta 12 horas diarias recibiendo a amigos, abogados y varias mujeres jóvenes identificadas por los fiscales federales como participantes en su trama de tráfico sexual.
Cumplió 13 meses por dos cargos de prostitución y fue liberado en el 2009. Dos de sus víctimas, que ahora tienen unos treinta y tantos años, han demandado al gobierno federal, alegando que los fiscales infringieron la Ley de Derechos de Víctimas de Delitos, que da a las víctimas derechos como consultar con los fiscales y que se les informe sobre cualquier negociación de cargos. La demanda, presidente en el Distrito Sur de la Florida, pide desestimar el acuerdo. No se sabe con exactitud si anular el acuerdo puede resultar en que Epstein enfrente nuevos cargos.
Epstein saldó calladamente demandas civiles individuales con más de 40 víctimas, pero fueron sometidas a brutales interrogatorios por los poderosos abogados de Epstein, quien también contrató a investigadores privados para conocer todos los detalles de su vida privada.
En un caso, hicieron declarar a los padres de una de las víctimas y les hicieron preguntas sobre un aborto que la jovencita se había practicado años antes. Los padres, que son católicos, no sabían que su hija se había hecho un aborto.
En entrevistas con el Herald, varias de las víctimas de Epstein dijeron que se sienten traicionadas por los fiscales federales y estatales, quienes las trataron como prostitutas, aunque todas tenían en ese momento menos de 18 años.
“Espero que los legisladores encuentren una forma de prohibir a los fiscales catalogar de prostitutas a niñas que no tienen edad para relaciones sexuales consensuadas”, dijo Reiter.