(Miaminews24).-El ejército estadounidense no tiene el poder de aplicar la ley civil para frenar físicamente el cruce de los inmigrantes hondureños que viajan en caravana hacia EEUU, según dijeron hoy expertos.
«Este país tiene leyes que prohíben utilizar las fuerzas armadas para ejercer la ley civil dentro del territorio de los Estados Unidos,» dijo Isabel García, abogada y directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.
La jurista indicó que, desde hace mucho tiempo, grupos extremistas xenófobos han tratado de cambiar una ley del siglo XIX que prohíbe el despliegue de soldados dentro del territorio estadounidense para la aplicación de la ley civil.
«Con la idea de movilizar el ejército, el presidente Trump solo quiere crear miedo entre el pueblo norteamericano, justo en el momento de las elecciones de término medio«, enfatizó García.
Sin embargo, el despliegue de la Guardia Nacional solo requiere del consentimiento de los estados donde será desplegada la asistencia y apoyo, tal y como ya ha ocurrido en varias ocasiones bajo diferentes administraciones.
El pasado mes de abril respondiendo al llamado hecho por el presidente Donald Trump los gobernadores de Arizona, California, Nuevo México y Texas aprobaron el envió de más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México.
Pero estos efectivos no tienen contacto directo con los inmigrantes; solo apoyan a la Patrulla Fronteriza en operaciones de vigilancia y en reparaciones de caminos y del muro fronterizo.
Trump dijo hoy en su cuenta de Twitter que está considerando el uso del ejército para proteger la frontera, como respuesta a la caravana de «3.000 migrantes», según cifras de la ONU, que salió el sábado pasado de la ciudad hondureña de San Pedro Sula con rumbo a Estados Unidos.
El congresista por Arizona Raúl Grijalva aseguró que el envío del ejército a la frontera sería «costoso, inefectivo y no mejoraría la seguridad en la frontera».
«Solo militarizaría aun más la zona y refuerza la percepción falsa de que esta es una región insegura y sin ley», dijo Grijalva.
Por su parte, Melissa Crow, representante del Centro de Leyes de Pobreza del Sur (SPLC, por sus siglas en inglés), calificó el anuncio de Trump como «racista e ilegal».
Fuente:DLA