(Miaminews24).-El proceso electoral en Brasil entró este sábado en una nueva fase ya que, a partir de este sábado, ningún candidato a las elecciones de octubre puede ser arrestado, salvo si comete un delito in fraganti, según una ley vigente desde 1965.
El llamado Código Electoral determina en el apartado I del artículo 236 que los distintos aspirantes «no podrán ser detenidos o presos» durante los quince días anteriores a la celebración de los comicios, «salvo en casos de flagrante delito».
La normativa se traduce en que las autoridades están impedidas de cumplir órdenes de arresto contra cualquier candidato registrado para las elecciones del 7 de octubre desde este sábado hasta 48 horas después de la cita electoral.
En este sentido, la policía no podrá realizar en el periodo operaciones como la del pasado 11 de septiembre en la que fue detenido el exgobernador del estado de Paraná (sur) y candidato a senador Carlos Alberto Richa.
El político, candidato a la Cámara Alta por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), fue detenido en el marco de un operativo que investiga el pago de sobornos por parte de empresas para conseguir licitaciones públicas de manera fraudulenta.
No obstante, el juez Gilmar Mendes, del Tribunal Supremo, ordenó su puesta en libertad tres días después, al considerar que «hay indicativos de que tal prisión tiene un fondo político, con reflejos sobre el propio sistema democrático y la regularidad de las elecciones que se avecinan».
Un total de 27.090 candidatos han sido declarados aptos por el Tribunal Superior Electoral, lo que supone un 93,10 % del total que se inscribieron entre aspirantes a presidente, vicepresidente, gobernadores, diputados y senadores.
De acuerdo con el abogado Leonardo Pantaleao, especialista en derecho y proceso penal, este veto temporal a la prisiones contra los candidatos genera «muchas críticas» en algunos sectores jurídicos porque «no hay ninguna razón constitucional que justifique que esas personas sean inmunes a una orden de arresto».
«Uno acaba permitiendo una protección deficiente de la lisura electoral, o sea, acaba comprometiendo la propia transparencia electoral, además de, evidentemente, estimular la impunidad y la propia corrupción. Esas críticas realmente existen y son muy fuertes», afirmó a Efe Pantaleao.
Por el momento, no existe ninguna iniciativa para cambiar ese principio del Código Electoral, que paradójicamente entró en vigor un año después del Golpe de Estado que instauró la dictadura militar en Brasil (1964-1985).
En el caso de los electores, la ley es diferente, pues los 147,3 millones de brasileños llamados a las urnas no podrán ser detenidos, siempre que no sean sorprendidos in fraganti, durante los cinco días previos a los comicios y hasta 48 horas después.
Las elecciones presidenciales se presentan como las más inciertas de las últimas décadas en el gigante sudamericano.
Dos encuestas divulgadas esta semana coincidieron en situar al ultraderechista Jair Bolsonaro y al progresista Fernando Haddad, sucesor del encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato del Partido de los Trabajadores (PT), como máximos favoritos para la segunda vuelta del 28 de octubre.
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