(Miaminews24).- Una hija que nunca regresó a casa, un hijo baleado a quemarropa, una madre atacada brutalmente. Todos murieron a manos de inmigrantes que están en Estados Unidos sin autorización, todas historias que la Casa Blanca ha estado ansiosa por difundir.
Sin embargo, pese a toda la conversación sobre asesinos, violadores y otros «bad hombres», aquellos atrapados en la política de mano dura del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal, suelen estar acusados de delitos menores y, cada vez más, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detienen a personas sin antecedentes criminales.
“Dar rienda suelta al ICE realmente le ha permitido detener a más individuos», dijo Sarah Pierce, analista de políticas del Instituto de Política Migratoria, una organización no partidista que califica la detención de inmigrantes no delincuentes como «una característica definitoria del enfoque de inmigración de este gobierno”.
El caso de Mollie Tibbetts, una estudiante universitaria de 20 años en Iowa que las autoridades dicen fue asesinada por un hombre que vivía en Estados Unidos sin autorización, es uno de los más recientes usados por Trump para promover sus argumentos a favor de controles inmigratorios más estrictos. Sin embargo, las propias estadísticas del gobierno muestran que esos casos son la excepción, no la norma.
Los arrestos de inmigrantes no delincuentes por ICE aumentaron por un 66% en los primeros nueve meses del año fiscal 2018, en comparación con el mismo periodo hace un año. Mientras tanto, los arrestos de convictos subieron casi el 2%.
También han sido deportadas más personas que no han cometido crímenes. Entre los expulsados de Estados Unidos en el año fiscal 2017, hubo un incremento de 174% respecto al año previo de aquellos sin condenas. En el mismo período, las deportaciones de aquellos con condenas subieron 13%.
El resultado es que las cortes de inmigración están llenas de acusados como Rubén Moroyoqui, un mecánico de 45 años en Tucson, Arizona, cuyo único encuentro con la policía fue el año pasado, dice su abogado, cuando lo detuvieron por una infracción mientras recogía repuestos automotrices con su vehículo.
Primero, el policía le pidió su licencia. Su segunda pregunta, dijo Moroyoqui, fue: “¿Estás legalmente aquí?”. No le multaron por ningún delito de tránsito. Simplemente lo entregaron a ICE, que inició el proceso para deportarlo a México. Su apelación está pendiente.
Moroyoqui entró con autorización al país hace 16 años pero, después de vencerse su visa se quedó debido a la falta de oportunidades en su país. Tiene cuatro hijos nacidos en EE.UU. y dice que siempre ha pagado sus impuestos. «Siento gran respeto y amor por este país», dijo.
ICE ha pregonado sus deportaciones de narcotraficantes, pandilleros violentos y otros acusados de delitos graves; y en el año fiscal del 2017 reportó que 56% de todos los deportados que procesó, en el interior del país y en la frontera, habían sido acusados de crímenes. Sin embargo, durante el gobierno de Trump, al igual que en gobiernos previos, cuando un deportado tiene antecedentes criminales, suele ser por infracciones menores.
Entre los más de 220.000 deportados en el año fiscal 2017, 79.270 no tenían condenas, de acuerdo con datos de ICE archivados en la Transactional Access Clearinghouse en la Universidad de Syracuse.
De aquellos con antecedentes, el delito más grave de uno de cada cuatro, era ingresar o reingresar sin autorización al país. Esos dos cargos representaron el primero y tercero más comunes entre los deportados. Conducir en estado de ebriedad fue el segundo, seguido por agresión y violaciones de tránsito. Narcotráfico, entrada sin autorización a construcciones, violencia doméstica, latrocinio y venta de marihuana, completaron los 10 primeros.
El resto de aquellos con antecedentes penales fueron condenados por una serie de cargos, desde delitos graves como secuestro, hasta faltas menores como apuestas ilegales, violación de leyes de conservación de peces y pasear en autos ajenos.
Para Ariel Vences López, el cargo que llevó a su proceso de deportación fue un viaje sin boleto en el tren ligero de Minneapolis el año pasado. Tras preguntarle a Vences López si estaba en el país sin autorización, un policía de tránsito usó una pistola de electroshock y lo arrestó por sospecha de evasión de pasaje, antes de entregarlo a ICE. Los cargos fueron retirados, pero el reparador de techos de 25 años sigue apelando su deportación a México. El procedimiento fue aplazado hasta 2019.
Adriana Cerrillo, una activista de inmigración que participó en protestas por el caso y que se ha hecho amiga de Vences López, dijo que el público debería saber lo inusual que es que deporten a personas con antecedentes delictivos.
Fuente:VOZ DE AMERICA