(miaminews24).-Ninita, licenciada en Metrología, tiene 58 años de edad. Su sueño de ser propietaria de una vivienda se esfumó durante la crisis económica de los años 90, cuando el Gobierno cubano canceló las subvenciones al programa de microbrigadas.
«Te integrabas a una microbrigada de construcción de edificios multifamiliares durante cinco años. Al cumplir ese tiempo tenías derecho a un apartamento. Era el único modo que tenía un obrero de obtener honradamente una casa», recuerda.
Apenas le faltaba un año a Ninita para acceder a su derecho de un apartamento en Alamar cuando todas las obras se paralizaron. Aún reside en el mismo solar —declarado inhabitable hace décadas— en el que nació y nacieron también sus hijos.
«El Período Especial truncó mi sueño y ahora vivo lidiando con inspectores de Vivienda que me imponen multas porque no tengo licencia de construcción para ampliar y remodelar el cuartucho donde vivo con seis familiares más».
El relato de Ninita es el de muchos trabajadores cubanos que residen en barrios desfavorecidos o marginales a los que el régimen, eufemísticamente, llama «comunidades en transformación».
Un obrero promedio en Cuba no puede comprar un modesto apartamento, recuerda Magdalena Sánchez, cocinera de una escuela primaria en Marianao, quien también trabajó durante tres años en una microbrigada e igualmente vio esfumarse su anhelo de tener casa propia.
«Para nosotros (los obreros) no existen mecanismos de ahorro, ni préstamos de tal magnitud, ni salarios que lo respalden. Sinceramente, no puedo seguir el ritmo a una Revolución que no me ha podido garantizar en más de 30 años un techo digno», lamenta Sánchez.
La Resolución No. 112/2017 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), que establece los valores referenciales a aplicar sobre la transmisión de la vivienda, estima que el de un apartamento de dos habitaciones con paredes de mampostería y cubierta pesada, en el municipio Cerro, asciende a 144.000 pesos, aproximadamente a unos 6.000 CUC.
El Artículo 9 de la Constitución vigente expresa que el Estado, «como poder del pueblo, en servicio del propio pueblo, garantiza (…) que no haya persona incapacitada para el trabajo que no tenga medios decorosos de subsistencia», y trabaja «por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable».
«Espero que las reformas constitucionales que están anunciando rindan tributo a ese párrafo», señala Odelkys Castresana, vecino de Los Sitios. Durante el paso del huracán Irma, su domicilio sufrió un derrumbe total y desde entonces está a la espera de ser reubicado, con seis familiares, en un albergue.
Fuentes en la Dirección Municipal de Planificación Física en Habana Vieja, confirmaron que antes del paso del huracán Irma el sistema de albergues estaba colapsado. Admitieron que las condiciones de estos locales son muy precarias y sus ocupantes se encuentran hacinados.
Residentes en el albergue de tránsito de La Habana Vieja aseguraron que las condiciones generales del local son pésimas debido a las filtraciones y las tupiciones en la red sanitaria. No cuentan con servicio de gas y utilizan hornillas eléctricas, pagando hasta 300 pesos mensuales por el consumo de energía.
«Y este albergue está catalogado entre los mejorcitos de La Habana porque es atendido directamente por la Oficina del Historiador de la Ciudad (OHC), así que imagina las condiciones de aquellos otros ubicados en la periferia habanera», señala una fuente Planificación Física.
Según estimaciones oficiales, en La Habana las afectaciones del huracán Irma causaron daños a más de 4.000 viviendas, de las cuales sufrieron derrumbes parciales más de 900 y derrumbes totales unas 150.
Migdalia convive desde hace casi diez años con su esposo y tres hijos menores edad en un albergue ubicado en Agua Dulce y Serafines, consejo popular Pilar-Atarés. Con su negocio de lavado y planchado cree poder reunir para comprar un cuarto, pues ya no tiene expectativas de que le asignen una vivienda.
«No creo que al Gobierno le importe mucho la suerte de quienes perdimos la casa en un derrumbe. Mira tú cuáles lugares visitó nuestro actual presidente», dice Migdalia, en referencia al recorrido que realizó por La Habana Miguel Díaz-Canel el pasado mes de mayo, que incluyó la Comunidad Revolución, un conjunto de apartamentos en reparación que serán asignados a trabajadores de Educación.
En diciembre de 2017, según datos del Ministerio de Construcción (MICONS), solamente en La Habana el déficit de viviendas ascendía a 206.000.
El Censo de Población y Vivienda de 2012 reflejó que en La Habana conviven 2.154.454 habitantes. Las unidades de alojamiento fueron estimadas en 732.177 para un promedio de 2,94 habitantes por unidad.
Un promedio que no refleja la realidad y que para los habaneros encuestados resulta injusto en un país donde casi un 60% de cubanos vive en condiciones de hacinamiento.
La corrupción campea
El pasado 29 de mayo, durante su primera reunión con el Consejo de Ministro, Díaz-Canel reafirmó que «la corrupción es el enemigo principal de la Revolución», y llamó a su gabinete a corregir las fallas en los sistemas de control: «no podemos convivir con ese fenómeno (la corrupción), porque es expresión de deterioro de valores, de tolerancia e impunidad».
Por su parte, la contralora general, Gladys Bejerano, dijo que el problema de la corrupción «radica en las fallas de la conducta de las personas (directores, ejecutivos y funcionarios) y en las fisuras de los sistemas de control».
«Aquí abajo estamos obligados a cohabitar con la burocracia y la corrupción, ambos son como miembros de nuestras familias», comenta Mario Cedeño, de 35 años. Junto a su esposa e hija, y media docena de núcleos familiares, está reubicado en el albergue —un antiguo círculo infantil— de la barriada La Dionisia.
«Tuve que ponerme fuerte ante el director del contingente de construcción que atiende los albergues de esta zona. El local se cae a pedazos y los materiales llegan de a poquito porque el resto se desvía por el camino», agrega Cedeño, quien asegura haber agotado las gestiones ante las diferentes instancias de Albergue Vivienda y Planificación Física.
«Solo me queda ir protestar a la Plaza o sobornar al dueño del circo».
Quienes no tienen recursos económicos están a merced de las subvenciones del Gobierno y de su entramado burocrático, como Marina Castro, vecina de la barriada El Canal. El pasado 12 de julio, a causa de las intensas lluvias, su vivienda sufrió un derrumbe total.
Madre de un menor de edad, Castro perdió todos sus bienes y ahora espera el proceso de levantamiento de las afectaciones para ser reubicada en un albergue, sin esperanzas de recuperar nada de lo perdido y mucho menos obtener un nuevo inmueble.
En julio de 2017 una funcionaria del Ministerio de Justicia (MINJUS) consultada aseguró que más de la mitad de las denuncias de la población ante esa entidad correspondían a problemas con Vivienda y Planificación Física.
«En estas dos entidades la corrupción campea por su respeto», señaló la funcionaria.
«Ni siquiera las reformas de leyes que permitieron la compra-venta de viviendas han logrado un reparto equitativo de oportunidades para la adquisición de un espacio habitacional digno. No es un secreto que para cualquier cubano de a pie si antes era imposible vender legalmente la casa, ahora es improbable comprar legalmente una propiedad», advirtió.
Elidiorquis Perdomo, madre de un menor con Síndrome de Down, estuvo reubicada en el albergue de la barriada de Párraga, considerado entre los de peores condiciones. Actualmente domiciliada en Centro Habana, relató que durante los 15 años que vivió en ese local fue testigo de la corrupción en la Dirección de Albergues.
«El negocio casi siempre era con los que emigraban desde las provincias orientales: pagaban entre 200 y 400 CUC para entrar al sistema como damnificados por derrumbes. Después pagaban, en dependencia del tiempo que tardaran en reunir, entre 600 y 800 CUC, para ubicarse en las primeras listas de asignación de viviendas».
En agosto de 2017 los residentes del edificio ubicado en San Lázaro #172 corroboraron hasta dónde se extendía la cadena de corrupción.
Desde el año 2010 los ocho núcleos familiares que conviven en este inmueble, estaban incluidos en un proyecto de reubicación debido al mal estado del edificio.
Cuando reclamaron ante Juan Carlos Jiménez, director de la Oficina de Registro de la Propiedad en la OHC, la solución inmediata a su caso, este les informó que los núcleos familiares de Malecón #165 y Crespo #162 tenían prioridad.
Los vecinos de San Lázaro #172 demostraron a Jiménez que ambas direcciones eran inexistentes. Aún esperan ser reubicados, mientras «el edificio sigue en pie por pura inercia.
Fuente: DLA