(Miaminews24).-El acuerdo Pottinger, adoptado en Miami en 1998, impide que la Policía de la Ciudad pueda arrestar a los individuos sin techo por conductas propias de su vida en la calle si no se le garantiza a ese individuo un refugio dentro de los límites del municipio.
Por segunda vez en 20 años, la Ciudad de Miami busca que la corte anule o cambie un acuerdo que fue el resultado de una demanda contra el municipio por parte de un grupo de desamparados (6.000) y la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), que logró resolverse, en 1998, con el llamado acuerdo Pottinger.
Dicho acuerdo le impide a la Policía de la Ciudad Mágica arrestar a un desamparado que pueda tener conductas propias de su vida en la calle (tipificadas como delitos menores), si no se le garantiza a ese individuo un refugio dentro de los límites del municipio.
De nuevo, como hace cinco años, para el actual alcalde Francis Suárez y para algunos de los comisionados, ese acuerdo es un obstáculo para que a los desamparados se les puedan dar los servicios que se requieren.
Incluso en un comunicado, el administrador de la ciudad, Emilio González, dijo que ya se habían logrado los objetivos trazados por la histórica demanda que ganaron aquellos que viven las calles y que sin las restricciones impuestas por Pottinger, “se le pueden dar mejores servicios a los desamparados, con dignidad y compasión”.
Por esa razón llevaron a la corte del distrito sur de la Florida una moción para que se acabe o reforme este acuerdo.
Siguen los problemas
Sin embargo, el abogado Benjamin Baxman, quien dirigió el equipo de abogados de la ACLU que logró el acuerdo, cree “que no se cumplieron las metas con Pottinger”.
Explicó que en los últimos seis meses los indigentes “han visto sus pertenencias decomisadas y destruidas. Creo que la razón por la cual la alcaldía está haciendo eso [pedir el fin del acuerdo] es porque desafortunadamente sigue habiendo indigentes en las calles de Miami, nada se ha hecho hasta el momento para terminar ese problema. En consecuencia, los electores del alcalde y de los comisionados ven a estas personas en las calles y quieren acabar con eso. Por lo tanto están estimulando a la Policía para que las arresten y diría que de manera silenciosa las desaparezcan del municipio”.
Precisamente, la ACLU presentó el pasado 30 de mayo otra moción en la que pide a una corte federal que haga respetar ese acuerdo “en respuesta a una acción reciente de la ciudad de Miami que viola dicho acuerdo”, según lo informó esa organización en un comunicado.
La organización de defensa de los derechos civiles alega que “la Policía del municipio ha vuelto a la práctica de detener a las personas sin techo sin ofrecerles un refugio o asistencia, como lo establece el acuerdo”.
Lo que podría explicar el nuevo intento de la ciudad por acabar con Pottinger, es el acelerado proceso de modernización y urbanización del área del downtown y Brickell, el distrito financiero de Miami. Lo que se llama, en inglés, “gentrification”, es decir, el proceso de expulsión de los residentes originales de un vecindario por la construcción de nuevos proyectos arquitectónicos y el proceso de valorización.
“Una de las preguntas vigentes es si hay suficiente vivienda para los indigentes en Miami”, indicó Waxman. Para él, sigue el problema de la existencia de más indigentes que soluciones de vivienda adecuada para esos individuos.
“La ciudad conoce el proceso de “gentrification”, pero eso ha sucedido en medio de la carencia de vivienda para personas de bajos recursos o sin ingresos en lo absoluto”, precisó el abogado vinculado a la ACLU. “Se ha hecho más difícil para la gente que se encuentra cerca o en la línea de pobreza asegurar una vivienda”, enfatizó.
¿Bueno o malo?
Ron Book, presidente del fideicomiso que administra en el Condado Miami-Dade los dineros destinados a la lucha contra la indigencia (Homeless Trust), aún no tiene claridad si la moción de la Ciudad de Miami es buena o mala. “Estoy esperando a ver cuál es, finalmente, la meta:si el acuerdo debe o no ser eliminado o incluirle otros cambios en los que estén de acuerdo todas las partes”, puntualizó.
Book y Baxman coinciden en que “Pottinger” no incrementó el número de personas sin vivienda fija en las calles. Tampoco buscó acabar con los desamparados.
“[Se creó] para asegurar el derecho constitucional de esas personas que no tienen otro lugar donde ir distinto a estar en la calle”, recalcó Waxman.
“Desde el punto de vista histórico, nosotros no apoyamos la criminalización de los desamparados”, enfatizó Book. Reconoció la “frustración” que pueden experimentar la administración de la ciudad y algunos de sus comisionados ante el hecho de que los desamparados están cerca a los negocios del downtown y también de edificios residenciales. “Deben equilibrar los intereses de los indigentes con los de los habitantes y dueños de negocios del municipio”, acotó Book.
Las autoridades de Miami, en un comunicado, aclararon que por el hecho de que Pottinger está una vez más en litigio, no dan declaraciones a los medios.
Fuente:DLA