(Miaminews24).- Varios exconvictos por delitos sexuales que se encuentran desde hace varios meses viviendo en carpas en una zona industrial del condado Miami-Dade, cercana a la ciudad de Hialeah, dijeron que no están de acuerdo con el lugar en donde supuestamente serían relocalizados en el suroeste del Gran Miami.
Aunque el Condado no ha confirmado la información suministrada por los mismos expresidiarios, Diario las Américas reporta que el grupo compuesto por unos 300 procesados por faltas sexuales sería reubicado en un área despoblada entre la avenida Krome y la calle 88 o Kendall Drive.
Una de estas personas, que se identificó como Luis Concepción, señaló que prefiere regresar a la prisión antes que irse por su propia voluntad al lugar en el que serían relocalizados a partir del 6 de mayo cuando cumple el plazo de 45 días estipulado por el Gobierno condal para que los exconvictos abandonen la zona de la calle 71 y la avenida 36 del noroeste.
Según Concepción, quien tiene problemas de movilidad que lo obligan a utilizar una silla de ruedas, el lugar a donde se irían antes de la fecha prevista no cuenta con servicios de luz, agua y alcantarillado. “Nos quieren matar en ese sitio”, afirmó.
Una ordenanza adoptada por la Comisión de Miami-Dade, en 2005, establece que las personas convictas por delitos relacionados con abuso sexual a menores, aún después de cumplir las sentencias, no pueden residir a 2.500 pies de una escuela, jardín infantil, parque o a 1.000 pies de una parada de bus escolar.
Esta situación delimita el área donde estos individuos pueden habitar, forzándolos, en muchos casos, a vivir en lugares públicos, incluso bajo puentes, que nos están comprendidos en los límites antes mencionados. Otros siquiera pueden obtener empleos porque son rechazados por los empleadores, al presentar el informe de antecedentes penales.
“Por varias razones”, expuso el alcalde Carlos Giménez en un memorado dirigido al presidente de la Comisión de Miami-Dade, Esteban L. Bovo, “estas personas no cumplen con los requisitos para recibir socorro en los albergues para personas sin techo”, como Camillus House, que es administrado por el Miami-Dade Homeless Trust.
No obstante, estas personas “sí pueden recibir otros tipos de asistencia”, sea para alquilar viviendas, encontrar empleos o asistencia médica mental.
Ayudas del Condado
Entretanto, inspectores del Condado visitaron a los individuos asentados en la zona antes mencionada y les proveyó baños y lavabos portátiles, así como latones de basura, además de proponerles medios para “buscar soluciones”, aunque el Gobierno condal no pudo garantizarles que serían empleados por una u otra firma, ni que serían aceptados para vivir en un lugar u otro.
En un plazo de 45 días, a cumplirse el 6 de mayo, el Condado «determinará las necesidades específicas» de cada individuo para resolver esta situación. «Cada acción para el cumplimiento de la ley será cuidadosamente evaluada y empleada sólo como una medida de última instancia de la Policía condal», aseguró el alcalde Giménez.
Miami-Dade es el área con el mayor número de sujetos que han cometido delitos sexuales. Hay diez zonas, distribuidas por todo el Condado, de concentración de esas personas identificadas como “agresores sexuales”.
Por su parte, “Juan”, una persona que sufre de quebrantos de salud derivados de problemas cardiovasculares y mentales, aseguró que él y varios de quienes habitan en esa zona que limita con Hialeah no están dispuestos a marcharse. Sin embargo, no dijo que se enfrentaría a las autoridades de Policía si llegaran a hacer cumplir la orden de desalojo.
Policía está “monitoreando”
El vocero del Departamento de Policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, había informado a la prensa en días recientes que la Unidad de Depredadores Sexuales de la institución policiaca “está monitoreando la situación para determinar un plan de acción el 6 de mayo”.
“Lo último que queremos es tener que tomar alguna medida”, dijo Zabaleta. “Es difícil para nosotros tener un plan de acción si no sabemos cómo irán a suceder las cosas”.
El año pasado, Ron Book, el presidente del Homeless Trust, fideicomiso que administra recursos para atender la indigencia en Miami-Dade, manifestó que “más temprano que tarde tendrán que salir de ahí para buscar trabajo y ser capaces de sostenerse por sus propios medios”.
Y agregó: “Nosotros no tratamos la indigencia, nosotros buscamos acabarla. No queremos a nadie en la calle sin techo, y eso incluye a individuos con antecedentes penales por haber cometido delitos sexuales”.
Acorde con el funcionario, la ley plantea regulaciones que están destinadas a proteger al público, ante el riesgo de que una de esas personas, sentenciada por una conducta sexual delictiva, pueda reincidir en su comportamiento.
Como se recuerda, debajo del puente Julia Tuttle, que une a Miami con Miami Beach, hubo una cantidad importante de individuos inscritos como convictos por delitos sexuales que convirtieron esa área en su “residencia permanente”, hasta que fueron desalojados y distribuidos con la asistencia de las autoridades condales.