(Miaminews24).- El gobernador de Florida, Rick Scott, apeló hoy la decisión del juez federal Mark Walker que consideró «absurdo» e «inconstitucional» el proceso del estado para restaurar el derecho al voto de los delincuentes tras cumplir sus condenas.
La apelación fue interpuesta ante la Corte de Apelaciones del Distrito judicial Undécimo, con sede en Atlanta (Georgia), por la fiscal general del estado, Pam Bondi.
«Las personas elegidas por los floridanos deberían determinar las reglas de indulto de la Florida para condenados, no los jueces federales», aseguró en un comunicado John Tupps, portavoz del gobernador.
En febrero pasado el juez Walker aseguró que el estado viola rutinariamente los derechos constitucionales de sus ciudadanos al revocar permanentemente el «derecho fundamental» de votar para cualquier persona condenada por un delito grave.
«Para votar nuevamente, los ciudadanos privados de sus derechos deben doblegarse ante un panel de altos funcionarios del Gobierno sobre el cual el gobernador de Florida tiene autoridad absoluta de veto», se lamentó el juez.
El portavoz de Scott señaló que se trata de un proceso que ha estado vigente durante décadas y se describe en las Constituciones de Estados Unidos y Florida.
«El gobernador siempre apoyará a las víctimas del crimen. Cree que las personas que han sido condenadas por crímenes como asesinato, violencia contra los niños y violencia doméstica deben demostrar que pueden vivir una vida libre de crímenes mientras rinden cuentas a nuestras comunidades», aseguró Tupps.
El caso fue llevado a corte por Fair Elections Legal Network, un grupo de Washington que presentó una demanda en nombre de siete expresos.
La demanda cita «la falta de normas que rijan las decisiones de la Junta de Clemencia Ejecutiva de otorgar o denegar solicitudes» y considera «arbitrario y opaco» el proceso para restaurar el derecho al voto en Florida.
En 2011 Scott revocó una política mediante la cual muchos convictos, sin incluir asesinos y delincuentes sexuales, tenían sus derechos restaurados sin proceso de solicitud ni audiencias.
Ahora, una vez completan sus condenas, cumplen con la libertad condicional y pagan toda la restitución, deben esperar al menos cinco años para solicitar el derecho al voto y otros derechos civiles, que pasa a la junta de clemencia.
Fuente: EFE