(Miaminews24).- Medios locales difundieron el listado, conformado por 55 personas naturales y 16 jurídicas, elaborado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que el miércoles anunció que lo publicaría.
De acuerdo a la información difundida por la cadena local TVN, en el lista están, además de Maduro, altos funcionarios venezolanos como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno, y el fiscal general, Tarek William Saab.
También la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Tibisay Lucena; la rectora principal de ese ente de comicios, Socorro Hernández; y el jefe del gobierno del Distrito Capital y excomandante de la Guardia Nacional, Antonio José Benavides.
Adán Chávez, hermano de fallecido gobernante y padre de la revolución bolivariana Hugo Chávez (1954-2013) y el dirigente chavista Diosdado Cabello aparecen en la lista «de personas provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva».
El «Anexo A de la resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018» difundido este jueves indica que «se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada (…) para cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar, en la que se sospeche (…) pudiesen estar relacionadas (…) directa o indirectamente» con «la lista inicial detallada».
El Ministerio de Economía informó el miércoles de que emitió dos resoluciones en el marco de sus medidas para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo, una de ellas para la adopción de las listas publicadas por otros países de personas venezolanas políticamente expuestas.
Se trata de la resolución 02-018, que recomienda a los sujetos obligados financieros y no financieros adoptar políticas y procedimientos de debida diligencia a transacciones relacionadas a personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales de ciudadanos venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas, indicó el Ministerio el miércoles.
El sujeto obligado es la persona natural o jurídica que debe cumplir con la regulación prudencial en materia de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, según definición de la Asociación Bancaria de Panamá.
La legislación panameña establece el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que incluye a los funcionarios públicos locales y extranjeros, desde el presidente del país hasta los directores de instituciones, y que son sometidas a una exhaustiva supervisión financiara.
Con información de W Radio.
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