(Miaminews24).- Un empresario canadiense ha sido detenido en Estados Unidos por la modificación y venta de teléfonos BlackBerry utilizados por los cabecillas de diversas organizaciones criminales de todo el mundo, incluyendo los carteles de México. La empresa, bautizada con el nombre de Phantom Secure y dirigida por Vincent Ramos, habría basado su negocio en la comercialización de este tipo de dispositivos, diseñados según el FBI para garantizar el establecimiento de comunicaciones imposibles (o más difíciles) de interceptar. Ramos se enfrenta a los cargos de conspiración criminal, conspiración para distribuir narcóticos y complicidad y tentativa.
De acuerdo con las pesquisas, los técnicos de Phantom Secure realizaban modificaciones en el hardware y el software de las BlackBerries en cuestión. Las cifras oficiales hablan de un total de 20.000 dispositivos comercializados por todo el mundo, de los cuales 10.000 habrían ido a parar a Australia, donde eran utilizados por la jefatura de varias organizaciones.
Una de las personas clave en la desarticulación de Phantom Secure habría sido un antiguo traficante de droga perteneciente al cartel de Sinaloa y ahora testigo protegido. Según esta persona, los teléfonos de la compañía eran utilizados para coordinar operaciones internacionales. Actualmente existen numerosos fabricantes de dispositivos seguros (el BlackPhone 2 de Silent Circle posiblemente sea el más famoso), pero generalmente ofrecen sus productos de forma abierta y suelen orientarse hacia los mercados empresarial e institucional.
El uso de dispositivos BlackBerry resulta interesante, puesto que es pública la voluntad de cooperación de la firma canadiense con las autoridades. No obstante, las modificaciones realizadas por Phantom Secure eran tan extensas que los teléfonos eran independientes de los servicios del fabricante original. El sitio de la compañía, que sigue activo, también refleja la venta de teléfonos Samsung Galaxy S dotados con la funda-teclado de la firma surcoreana.
Phantom Secure no operaba supuestamente como un simple vendedor de hardware especializado, sino como un proveedor de servicios. La compañía habría estado cobrando a sus clientes entre 2.000 y 3.000 dólares por seis meses de servicios «específicamente diseñados para evitar que la justifica interceptara y monitorizar las comunicaciones». Para ello los correos electrónicos hacían uso de servidores cifrados en Panamá y Hong Kong, lugares descritos por la empresa como poco cooperativos con las autoridades extranjeras.
La venta de teléfonos cifrados para su uso por parte de organizaciones criminales sofisticadas es un pequeño pero importante nicho de mercado explotado por empresas desconocidas para prácticamente todo el mundo menos sus clientes y la policía. El año pasado la justicia neerlandesa arrestó a cuatro personas por motivos similares. En este caso la agencia de crímenes tecnológicos avanzados puso en sus miras a los responsables de una compañía llamada PGP Safe, que vendía terminales BlackBerry y Android personalizados con el estándar de cifrado PGP a clientes de dudosa reputación.
Con información de EOL.
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